Metrópoli

GCDMX presenta iniciativa de la Nueva Ley Ambiental

Destacó la adición de una cláusula que prohíbe la privatización del agua

El secretario del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Martí Batres, presenta la iniciativa de la nueva Ley Ambiental de la Ciudad de México.
Especial Especial (La Crónica de Hoy)

El Gobierno capitalino presentó la Iniciativa de la Nueva Ley Ambiental de la Ciudad de México, que será enviada al Congreso local la próxima semana con el objetivo de preservar del equilibrio ecológico, la protección del medio ambiente y la conservación del patrimonio biocultural.

En la actualización de la ley se suprime el concepto de suelo rural; se fortalece la captación de agua pluvial, el tratamiento y la reutilización de agua; se agrega la categoría de Cuerpos de Agua; y se incluyen conceptos como educación ambiental e infraestructura verde; así como criterios de conservación de la biodiversidad.

También se incluye una nueva categoría llamada Cinturones Verdes, que evitarán la expansión de la mancha urbana en el suelo de conservación. Y se establece que en los proyectos de obra pública, se debe contemplar el tres por ciento del presupuesto para destinarlo a la ejecución de medidas ambientales; y se incorporan criterios de conservación de la biodiversidad. 

El jefe de Gobierno dio a conocer que la iniciativa también agrega a la categoría de Áreas Naturales y Protegidas a la figura de Zonas Sujetas a Conservación Ecológica; “se agrega lo relativo a la participación ciudadana, especialmente de pueblos y barrios originarios en los temas ambientales; se agrega la categoría de cuerpos de agua; los conceptos de educación ambiental e infraestructura verde”, detalló.

Destacó también la inclusión de una cláusula que prohíbe la privatización del servicio de agua potable.

“Esto es fundamental porque en el debate, en todo el debate del agua ha surgido el tema de la pretensión de privatizar el agua. Entonces, de ninguna manera, imagínense, si el agua se privatiza sería inalcanzable para muchas familias; el agua es un derecho y por supuesto no se puede privatizar, es un derecho humano y no puede convertirse en una mercancía más, se despojaría a la gente del acceso al agua potable”.

La secretaria del Medio Ambiente (Sedema), Marina Robles García, explicó que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México fue publicada en enero del 2000 y ha atravesado por 37 modificaciones. Destacó que esta actualización integral fue realizada en coordinación con las Secretarías de Gobierno, de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Movilidad, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Aseguró que responde a las necesidades ambientales de la capital.

Resaltó que se ampliarán los alcances del Sistema de Certificación Ambiental, que facilita los trabajos de análisis y evaluación en la materia; y se brindará respaldo jurídico a sanciones administrativas por delitos ambientales. 

La nueva ley también incluye nuevas categorías y conceptos, como el de tecnosuelos, con el fin de contener la extracción de tierra de monte para jardines y parques, a través del desarrollo de nuevas tecnologías de producción de sustratos; y de infraestructura verde, para el adecuado manejo de parques y áreas verdes; y se incluye la obligación de las alcaldías de contribuir a la implementación de la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad.

También se incorporó la planeación para la conservación, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad; e incluye también las obligaciones que las alcaldías tienen para contribuir a la mejora de las condiciones de la biodiversidad en la capital.

La secretaria estacó la incorporación de criterios para permitir la participación de los sectores productivos en el cuidado del medio ambiente, mediante la defensa de especies nativas y la producción agroecológica, principalmente en el suelo de conservación. Y la eliminación de la actividad de desmoche, un tipo de corte de los árboles que disminuye su probabilidad de sobrevivir y está tipificada en el Código Penal como un delito en contra del arbolado urbano.

Dio a conocer que además hay una incorporación de atribuciones asociadas a contaminación lumínica y por ruido, “que es una de las demandas también sociales que se tienen en la ciudad”, añadió.

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