El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó las reformas para que la corrupción inmobiliaria sea considerada como un delito penal, el cual será castigo con penas de hasta 20 años de cárcel. Esto alude a los directores de obras, alcaldes, servidores del Gobierno central y de vivienda que autoricen niveles no permitidos en el uso de suelo que establece la colonia en la que se desea edificar.

Con 43 votos a favor, fue autorizada la iniciativa presentada por la Comisión de Procuración de Administración y Justicia, que pretende que no se construyan pisos adicionales en obras sin el cumplimiento de los requisitos de la Ley, agravándose cuando se obtenga un beneficio económico, que establece como mínimo 10 años de prisión, con un máximo de 20.

Aún cuando en la legislación vigente existen sanciones hacia la corrupción inmobiliaria, estas solamente abarcan la expedición de licencias y certificados; la modificación abona en que los servidores públicos sean severamente castigados que por acción u omisión, admitan construcciones que encarezcan el suelo y lastimen el derecho de los servicios públicos.

Al tomar la palabra, la morenista Martha Ávila expresó que es inaceptable que dichas practicas que se llevan a cabo entre notarios y funcionarios afecten diariamente a los ciudadanos y su derecho a una vivienda digna. "Son de conocimiento público diversos sucesos que han dañado gravemente a compradores de buena fe y a la sociedad. Se prevé avanzar en la superación del orden jurídico y evitar que el incumplimiento favorezca la proliferación desordenada de inmuebles, afectado el entorno urbano donde se establecen".