Exfuncionarios de BJ relacionados con corrupción inmobiliaria pagaron 207 mdp a empresas fantasma
La FGJ sigue una nueva línea de investigación que lleva a funcionarios de alto nivel en diferentes administraciones de la alcaldía Benito Juárez
Foto: Adrián Contreras / La Crónica
Los tres exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez relacionados con corrupción inmobiliaria, detenidos en días pasados por agentes de la Fiscalía capitalina, pagaron a empresas fantasma 207 millones de pesos.
Ulises Lara, vocero de la FGJ, informó que fueron vinculados a proceso por uso ilegal de atribuciones y asociación delictuosa y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.
La Fiscalía los acusa de haber gestionado, junto con otros servidores públicos durante la administración de Christian Von Roehrich, contratos inmobiliarios que suman el monto señalado.
Lara López explicó que el agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial formuló imputaciones contra los exservidores públicos y el juez calificó de legal su detención, por lo que ordenó su vinculación a proceso.
El Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso contra José “N”, a quien se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, además de que se fijaron cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
En tanto que la defensa de Ismael “N” y Alejandro “N” solicitó la duplicidad del término constitucional, misma que fue concedida por la autoridad judicial, quien determinó que ambos permanecieran con la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
“Nuestros ministerios públicos reiteraron las imputaciones contra dichas personas, por lo que el juez los vinculó a proceso, determinó ratificarles a ambos la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó cuatro meses para la investigación complementaria”, explicó.
De acuerdo con las investigaciones, los tres imputados actuaron de manera conjunta con otros exservidores públicos de la alcaldía Benito Juárez que estuvieron bajo su mando. Durante la gestión de Christian Von Roehrich como Jefe Delegacional, posiblemente autorizaron que se suscribieran contratos con diversas empresas a las que se les pagaron más de 207 millones de pesos, con lo que se generó un daño al erario de la Ciudad de México, ya que las corporaciones con las que se suscribieron dichos documentos no operaban, y por lo tanto las obras contratadas no se llevaron a cabo.
“De este último servidor público referido, quien cuenta con orden de aprehensión, tenemos conocimiento que buscó la protección de la justicia federal, al promover una solicitud de amparo, no obstante, le hacemos un llamado a que se presente a declarar ante la autoridad judicial. El que nada debe, nada teme”.
De acuerdo con las investigaciones encabezadas por agentes del Ministerio Público, dichas personas habrían fungido como prestanombres de otros exservidores públicos de alto nivel de la misma alcaldía, quienes actualmente enfrentan proceso penal y en el caso de uno de ellos ha aportado información de alta relevancia para la investigación.
“Las indagatorias han revelado que las actividades posteriores de las empresas referidas y el papel que jugaron los imputados podrían configurar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal, por lo que se podría dar vista a las autoridades federales competentes”, señaló el vocero de la FGJ.
También dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia sigue una nueva línea de investigación, con datos de prueba aportados por uno de los exfuncionarios ya procesados, que podrían configurar la posible asociación delictuosa de personajes de alto nivel jerárquico en diferentes administraciones de la alcaldía Benito Juárez, lo que se sumaría a las indagatorias por la violación de uso del suelo en dicha demarcación.
Paralelamente a la investigación, se consolida el caso para establecer el modus operandi y la serie de actividades, posiblemente delictivas, en que un grupo de servidores y exservidores públicos en la alcaldía Benito Juárez incurrió deliberadamente en el sector inmobiliario, de las cuales han recibido 43 denuncias.