Lucía (la llamaremos así para proteger su identidad) es madre de tres hijos y recibió una llamada en su trabajo preguntándole cuánto costaban sus servicios sexuales. “Pues sí tu me pasaste tu número”, respondió el hombre al teléfono cuando Lucía se mostró molesta por la llamada. Después de la sorpresa inicial y por consejo de una compañera que se dio cuenta de lo que estaba pasando, ella comenzó a indagar cómo había conseguido su número el sujeto.

“Pues tu me lo distes en el twitter; bueno, tú y tu esposo, en el twitter…”

Así descubrió que su expareja estaba circulando sus fotografías íntimas y teléfonos en sus redes.

Lucía se llevó una desagradable sorpresa cuando el hombre al teléfono le envió los enlaces de los sitios donde aparecían sus fotos íntimas, estaba tapizada con títulos como “mi mujer anda caliente buscamos a alguien mañana por zona GAM a las 20 horas”.

Ella se dio cuenta de que sus fotos han estado circulando por meses. Decidió denunciar y se convirtió en una más de las miles de ciudadanas que peregrinó de MP a MP que se negaron a recibirle la denuncia. “En cuanto vi las fotos traté de hacer una denuncia, me mandaban de agencia a agencia durante 3 días, sin que nadie me quisiera atender. Sólo la pude hacer por internet”, recuerda Lucía.

Finalmente fue citada esta semana, el 10 de mayo a declarar ante la Agencia Especializada en Delitos Contra la Intimidad Sexual. “La ley Olimpia no es una ley, es un protocolo, que nos dice lo que tenemos que hacer; dependemos del Código Penal y por allí hay palabra sobre la Ley Olimpia que el Código Penal no trae”, fue lo que el MP le espetó cuando preguntó si podía ampararse en esta cacareada reforma, aun cuando aduce que aplicará el artículo 181 Quintus (justamente el de la Ley Olimpia), “desgraciadamente hay ciertas lagunas en el protocolo y nosotros nos tenemos que basar en el Código Penal”.

“Lo que pasa es que hay mucha desinformación sobre la Ley Olimpia allá afuera”, le dice entonces su asesora jurídica de oficio, ‘licenciada Gloria’ es su presentación ante la denunciante: “prácticamente nosotros no podemos aplicar la Ley Olimpia porque no es una ley, nada más es un protocolo”.

La entrevista ante MP deriva en que Lucía deberá entrevistarse con Policía Cibernética para detectar las redes que están circulando sus fotos.

“¿Y después de las citas con cibernética y psicología que viene?”, preguntó al MP y a su asesora jurídica de oficio.

“Un juez le impondrá al sujeto una medida cautelar, este delito no amerita prisión”, responde su asesora jurídica.

“¿Esto no procede como causa?”, pregunta Lucía.

“Esto es querella, usted le puede otorgar el perdón en cualquier momento”, complementa el MP y ambos abogados le dicen que a lo que puede aspirara es a que un juez impida a su ex acercársele. Ambos están mintiendo o, igualmente grave, son terroríficamente incompetentes en su trabajo: El Artículo 109 del Código Penal capitalino (otro de la llamada Ley Olimpia) establece que “se le impondrá de tres meses a un año de prisión o de noventa a trescientos sesenta días multa” a quien amenace a otro con dañar su honor y que “la pena se agravará al triple cuando la amenaza consista en difundir, exponer, distribuir, publicar, compartir, exhibir, reproducir, intercambiar, ofertar, comerciar o transmitir, mediante materiales impresos, correo electrónico, mensaje telefónico, redes sociales o cualquier medio tecnológico; imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento u obtenido mediante engaño”.

El caso de Lucía y su ex encuadra perfectamente, sin embargo, su “asesora” jurídica le señala enfática: “váyase con la idea de que no crece y no acercarse a usted”…

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Liliana Gómez

@10LilianaGomez