El exasesor de Donald Trump, Peter Navarro, fue declarado culpable de desacato legislativo por negarse a colaborar con el comité parlamentario que investigaba el asalto al Capitolio en enero de 2021. Este veredicto lo convierte en el segundo antiguo asesor de Trump en ser encontrado culpable por no cooperar con la investigación, después de Steve Bannon, cuyo caso aún está en apelación.

En un juicio federal en Washington que incluyó solo un día de testimonio de tres testigos de la acusación y ningún testigo en defensa de Navarro, el exasesor comercial de 74 años fue declarado culpable de los dos cargos de desacato que enfrentaba, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de hasta un año de prisión.

La Fiscalía argumentó que Navarro "hizo una elección" al no obedecer la citación del Congreso en febrero de 2022, subrayando que él sabía lo que se le había solicitado hacer y cuándo. Por otro lado, la defensa de Navarro afirma que la citación no especificaba claramente dónde debía presentarse y argumentó que la Fiscalía no pudo demostrar que no compareció por error o accidente.

El Departamento de Justicia presentó su demanda contra Navarro en agosto de 2022. Estaba acusado de dos delitos de desacato al Congreso: uno por negarse a testificar ante el comité de la Cámara Baja que investigaba el asalto al Capitolio y otro por no entregar documentos solicitados por dicho comité.

Cada uno de estos cargos conlleva una pena mínima de 30 días y un máximo de un año en prisión, además de una multa que podría llegar a los 100,000 dólares.

Navarro fue un alto asesor de la Casa Blanca y es firme negador de las afirmaciones sobre que ayudó a idear un plan para anular los resultados de las presidenciales de 2020.

Contexto del comité de investigación

El comité que investigó el asalto al Capitolio fue creado por la presidenta de la Cámara de Representantes en ese momento, Nancy Pelosi, y estaba compuesto por siete congresistas demócratas y dos republicanos enfrentados con Trump.

La investigación concluyó en diciembre de 2022 que Trump obstruyó un procedimiento oficial, incitó o apoyó una insurrección, conspiró para defraudar al Gobierno federal y realizó declaraciones falsas ante la Administración.

Navarro fue juzgado en Washington y, tras conocer el veredicto, sus abogados anunciaron que presentarán un recurso en el tribunal de Apelación. La negativa de Navarro a cooperar con el comité se basó en la invocación por parte del entonces presidente Trump de la doctrina del "privilegio ejecutivo", que impide la divulgación de ciertas informaciones sin su permiso.

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Fran Ruiz

Segundo ex asesor condenado

Junto con el provocador de derecha Stephen K. Bannon, Navarro es el segundo alto funcionario de Trump en ser condenado en un caso penal relacionado con los esfuerzos para deshacer la victoria del presidente Biden en las urnas.

Bannon, quien fue declarado culpable en el mismo tribunal en julio de 2022 después de 2½ horas de deliberación del jurado, fue condenado a cuatro meses de prisión. Permanece en libertad a la espera del resultado de su apelación. El juez Amit P. Mehta programó la sentencia de Navarro para el 12 de enero.

Navarro y Bannon, asesor político de Trump que fue estratega principal de la Casa Blanca durante siete meses en 2017, son los primeros acusados que enfrentan la posibilidad de ser encarcelados por desafiar una citación del Congreso en más de medio siglo bajo una ley federal que rara vez se procesa.

Al igual que con Bannon, la mejor esperanza de Navarro para ser absuelto era argumentar que se le impedía cumplir con la citación porque Trump, después de dejar el cargo, invocó el privilegio ejecutivo en sus conversaciones con él.

El privilegio está destinado a proteger la privacidad de las conversaciones entre los presidentes y sus asesores cercanos. Pero Mehta prohibió el argumento como defensa en el juicio de Navarro, citando escasa evidencia de que tales conversaciones tuvieron lugar.

Navarro declaró a los periodistas después de su condena: "El día en que el juez Mehta dictaminó que no podía usar el privilegio ejecutivo como defensa, el destino estaba sellado. Esto fue pro forma. Sabíamos de antemano cuál sería el veredicto. Por eso va a la corte de apelaciones... Estoy dispuesto a ir a prisión para resolver este problema".