EU atiende caso de guatemalteca transgénero a quien negaron asilo
León Santos Zacaria solicitó ayuda humanitaria pues podría sufrir persecución en Guatemala por su identidad de género.
Estados Unidos
La guatemalteca transgénero León Santos Zacaria había pedido ayuda humanitaria a EU.
El caso de la guatemalteca transgénero, León Santos Zacaria, de 34 años, a quien le fue negado el asilo en territorio estadounidense y quien alega que no se completó el proceso de apelaciones administrativas, podría tomar un nuevo rumbo.
Guatemalteca transgénero habría sido asaltada sexualmente
El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos escuchó este martes los argumentos sobre su situación. Los jueces decidirán sobre un requerimiento técnico de la ley de inmigración de EU que establece que los migrantes deben agotar "todas las vías administrativas posibles" antes de apelar las decisiones de inmigración en los tribunales.
León Santos Zacaria había recurrido al Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Distrito, que no consideró su recurso porque decidió que la guatemalteca transgénero tenía que agotar todas las vías administrativas posibles con la Junta de Apelaciones de Inmigración y solicitar una moción para que revaluaran su caso.
Fue en 2008 cuando la guatemalteca transgénero ingresó ilegalmente al país por primera vez. Fue devuelta dos veces a Guatemala antes de volver a ingresar ilegalmente a los EU nuevamente en 2018. El Departamento de Seguridad Nacional intentó restablecer su orden de expulsión inicial, pero Santos Zacaria solicitó ayuda humanitaria conocida como retención de remoción basada en su condición de mujer transgénero. Alegó que fue violada a los 12 años por un vecino, quien la amenazó con matarla por su orientación sexual, y no estaría segura si la enviaban de vuelta a Guatemala.
Decisión crucial para inmigrantes
Durante una hora, los argumentos orales se centraron en analizar si los tribunales tienen jurisdicción a la hora de dirimir este tipo de casos si no se han agotado todos los trámites administrativos necesarios.
El caso plantea la cuestión de si los migrantes tienen que pedir a la Junta de Apelaciones de Inmigración que reconsidere sus supuestos errores antes de solicitar la revisión ante los tribunales federales.
La decisión del Tribunal Supremo podría afectar significativamente a los migrantes que se enfrentan a la deportación y las cortes de inmigración encargadas de gestionar sus peticiones.