El legado tóxico de la presidencia de Donald Trump —principalmente la elección de jueces ultraconservadores— sigue erosionando los derechos civiles en Estados Unidos y agrandando la brecha social y cultural entre progresistas y conservadores.

Este viernes, el juez de Texas Matthew Kacsmaryk, ordenó la paralización a nivel nacional de la mifepristona, el medicamento más usado en la interrupción de embarazos en Estados Unidos y aprobado desde hace años por la Agencia para la Alimentación y el Medicamento (FDA por sus siglas en inglés).

Mediante un dictamen de 67 páginas, Kacsmaryk opina que la aprobación por parte de la FDA de la esta píldora, utilizada desde hace dos décadas, violó normas federales que permiten la aprobación rápida de determinadas medicinas.

“La FDA falló por completo en considerar un aspecto importante del problema al omitir cualquier evaluación de los efectos psicológicos del fármaco o una evaluación de las consecuencias médicas a largo plazo del fármaco", escribió el juez Kacsmaryk en el documento.

La sentencia da la razón a un grupo antiabortista de Texas de reciente creación llamado Alianza por una Medicina Hipocrática, que demandó a la FDA por haber aprobado el uso de esa pastilla para el aborto químico, habitualmente distribuida con el nombre comercial de Mifeprex y disponible también como principio activo, hace más de 23 años.

La querella acusaba a la agencias de eliminar “la mayoría de las salvaguardas que protegen a las mujeres y las niñas de los peligros de la mifepristona (principio activo)”, y esto ha hecho, según se lee en la demanda “que el aborto químico esté más disponible y con menor supervisión médica, lo que hace que más mujeres y niñas experimenten complicaciones, y aumenten las situaciones de emergencia”.

Sin embargo, lo que no indica el juez en las 67 páginas del dictamen es que no hay registros médicos de reacciones adversas graves en las 3.7 millones de mujeres que han usado la mifepristona para abortar, según la FDA.

Siete días para recurrir

El juez ha concedido un plazo de siete días antes de que su decisión comience a aplicarse, para que el Gobierno del presidente Joe Biden pueda disputarla en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. Se da por hecho que Biden, quien desde que comenzó la ofensiva republicana antiabortista ha lanzado todo tipo de contraofensivas, recurrirá la polémica sentencia.

Al tratarse de un juez federal, su decisión se aplica en todo el país y restringe el derecho a la interrupción del embarazo, no solo en los 18 Estados que han prohibido o restringido el acceso al aborto desde la decisión del Supremo, también en otros, como Nueva York, California o Maryland, considerados “santuarios” en la protección del derecho de las mujeres a decidir.

Por tanto, esta sentencia vendría a ser el caballo de Troya de los grupos antiabortistas para irrumpir en los estados santuarios que defienden el derecho de las mujeres a decidir.

Desde que la Corte Suprema de EU revocó el fallo Roe v. Wade, que protegía el acceso al aborto a nivel nacional en junio del año pasado, el uso de esta píldora ha aumentado, según datos de la Instituto Guttmacher.

Según el reporte de esta organización, los abortos medicados correspondieron en 2022 al 54% de todos los abortos en el país.