Un comité de expertos de la ONU ha señalado a países desarrollados con importantes industrias farmacéuticas, como EU, Alemania, Suiza y Reino Unido, por violar el derecho internacional debido a su negativa persistente de ceder derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19.

El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial ha instado a estos países a poner fin a las restricciones que limitan la producción de vacunas, tratamientos y pruebas relacionadas con la COVID-19, ya que esta situación está teniendo un impacto desproporcionado en grupos vulnerables.

El comité de expertos destaca que la pandemia de COVID-19 sigue siendo una cuestión de salud grave y su impacto es especialmente perjudicial para la población de origen africano, asiático y para minorías étnicas, pueblos indígenas y la etnia gitana.

Esta desigualdad podría mitigarse, según el comité, si se compartiera el acceso a los derechos de propiedad intelectual que están siendo retenidos por un grupo selecto de países en el norte global. El comité emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por esta situación.

Negativa a suspender los derechos de propiedad intelectual

El comité cita la negativa de numerosos países desarrollados para aprobar la suspensión de los derechos de propiedad intelectual, a pesar de que dicha medida fue aprobada el año anterior en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para los países en desarrollo y por un período de cinco años.

Organizaciones de la sociedad civil han solicitado que este acuerdo se amplíe para incluir también tratamientos y pruebas, una cuestión que sigue siendo objeto de negociación dentro de la OMC.

En resumen, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial ha acusado a países desarrollados con industrias farmacéuticas importantes, como EU, Alemania, Suiza y Reino Unido, de incumplir normas internacionales al retener los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19.

Esta retención limita la producción de vacunas, tratamientos y pruebas, lo que afecta de manera desproporcionada a grupos vulnerables. La situación también agrava la desigualdad en la población de origen africano, asiático, así como en minorías étnicas, pueblos indígenas y la etnia gitana.

Aunque se aprobó una suspensión de estos derechos en la OMC, la negativa persistente de los países desarrollados y la falta de extensión de este acuerdo a tratamientos y pruebas continúan generando debate y preocupación en la comunidad internacional.