El gobierno peruano declaró este martes persona non grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para abandonar el país andino en respuesta a la "injerencia" que consideran que ha cometido el gobierno de México, que, además, ha otorgado asilo político a la familia del expresidente Pedro Castillo.

"Informo que el Gobierno de Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país (...) que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y son violatorias del principio de no intervención", dijo la canciller Ana Cecilia Gervasi en una declaración a prensa.

Además, la canciller anunció que el gobierno ha otorgado un salvoconducto a Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, y a sus hijos para ir a México después de que el país les concediera asilo.

A la vez, la titular de Exteriores de la presidenta Dina Boluarte señaló que ha informado al gobierno mexicano que Paredes está siendo investigada por un delito común y aseguró que no hay "persecución política".

"La Cancillería ha procedido a otorgar los salvoconductos a las mencionadas personas. El Gobierno mexicano ha sido informado por esta Cancillería que la señora Lilia Paredes se encuentra comprendida en una investigación preparatoria como autora del delito de organización criminal, previsto y sancionado", aseguró la canciller.

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Nombró que da el salvoconducto a Paredes y "a sus dos menores hijos", y no mencionó a Yenifer Paredes, quien es hermana menor de la esposa de Castillo, pero que fue criada como una hija por la pareja presidencial y quien también está siendo investigada por la Fiscalía por integrar presuntamente una organización criminal.

"El Gobierno reitera de manera enfática que no existe persecución política y que impera el Estado de Derecho, la separación de poderes y el respeto de las garantías de administración de Justicia, incluido el debido proceso", añadió Gervasi.

MUY ENOJADOS CON AMLO

En un comunicado difundido por la misma Cancillería poco después, afirmó que "son de especial preocupación" las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, del 16 y 19 de diciembre en la que habla del estado de emergencia decretado por el Gobierno del Perú y sobre el orden democrático y legalidad en el país, y sobre la detención del expresidente Castillo.

"Las declaraciones del presidente mexicano resultan especialmente graves en circunstancias en las que el país enfrenta una situación de violencia incompatible con el ejercicio del legítimo derecho que asiste a toda persona de manifestarse pacíficamente", señaló el ministerio.

Además, aunque Perú ha concedido a la familia de Castillo el salvoconducto para viajar a México tras el asilo concedido, es evidente que la decisión del gobierno del país ha generado irritación en Lima.

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El martes, el gobierno de México confirmó el asilo político para la familia de Castillo. "El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir están en nuestra Embajada y cuando están en la Embajada les concedes el asilo, es una decisión independiente y soberana de México", explicó entonces el canciller Marcelo Ebrard.

Ebrard detalló que están negociando con las autoridades del Perú el otorgamiento de un salvoconducto en caso de que la familia de Castillo quiera viajar a México.

QUEJAS TAMBIÉN ANTE OTROS PAÍSES

Horas antes de romper relaciones con México, la canciller Gervasi también expresó su enojo con un grupo de países -que no especificó- que, dijo, han cometido "una injerencia inaceptable" en los asuntos internos del país y tienen un discurso "alejado de la realidad".

Gervaso prosiguió afirmando que "en medio de la situación generada a partir del 7 de diciembre, la comunidad internacional fue testigo de la injerencia en los asuntos internos del Perú por parte de un reducido grupo de países quienes presentaron un discurso alejado de la realidad".

Aunque no dio detalles, la decisión posterior evidencia que incluía a México en el grupo, y probablemente también a Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, ha realizado declaraciones similares a las de López Obrador, que también han generado protestas.