Cada 21 horas una mujer hondureña es asesinada en su propio país por causas de género, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Las mujeres con edades entre 15 y 29 años son las más afectadas.

A partir de estos datos, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha identificado al país catracho como la demarcación nacional latinoamericana con mayor tasa de feminicidios, con un índice de 4.7 homicidios de género por cada 100 mil mujeres. En este contexto inició funciones la primera mujer en presidir ese país: Xiomara Castro Sarmiento.

Durante el primer mes y medio de su gestión gubernamental, Castro inició cambios estructurales en el gobierno, ofreció crear la primera Ley Integral contra la Violencia hacia las mujeres, para reducir las muertes violentas y la impunidad en estos casos, que se ubica en 95 por ciento.

El problema tiene varios niveles de complejidad, pues los estudios universitarios sobre la violencia contra las mujeres en Honduras estiman que hasta el 74 por ciento de los feminicidios estarían relacionados con el crimen organizado y a esto se sumaría una cifra alta de violencia contra las mujeres, que no desemboca en muerte, pero está relacionada con la violencia entre pandillas.

Xiomara Castro anunció esta semana la creación del primer Ministerio para la Mujer de Honduras y recibió un primer proyecto de Ley Integral contra la Violencia hacia las mujeres, elaborado por los grupos feministas y organizaciones de la sociedad civil hondureña.

EL RASTRO DEL DAÑO

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras cuenta con una unidad de investigación llamada Instituto Universitario de Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS), que a su vez tiene un Observatorio de la violencia.

Según los datos del Observatorio difundidos en 2020, se pudo documentar que 6 mil 541 mujeres murieron de forma violenta desde el 2005 al 2020, constituyendo un 8.3 por ciento del total de las muertes registradas en el país.

Aunque desde algunos análisis se ha insistido en que han crecido porcentualmente más las muertes de mujeres que las de hombres, los datos del IUDPAS muestran que, para ambos sexos, en ese mismo período las muertes han crecido en la misma proporción, en un 97 por ciento, lo que habla de un incremento generalizado de la violencia.

En el año 2014 se tipificó por primera vez el feminicidio en el Código Penal hondureño, pero el Observatorio de la Violencia del IUDPAS había comenzado a registrar los feminicidios desde el 2010, definiéndolos como un crimen de odio contra las mujeres por razones de género.

El Observatorio señala que un 61.5 por ciento de todas las muertes violentas registradas del 2010 al 2019 son feminicidios, un 20.1 por ciento son homicidios, y un 18.5 por ciento son indeterminados, es decir, son muertes en las cuales no hay suficiente información para categorizarlos, pero las evidencias demuestran

Todos estos datos fueron analizados y difundidos por el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), de Honduras, en el estudio llamado: Muertes bajo la sombra de la impunidad. Feminicidio en el contexto del crimen organizado en Honduras.

Todos los detalles, metodología, datos e interpretación del fenómeno del feminicidio pueden ser consultados por cualquier persona con internet a través de la liga bit.ly/3tRAiSr.

LA MANO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Según los datos disponibles del Observatorio de la Violencia del IUDPAS, en Honduras al menos mil 540 mujeres murieron de forma violenta a manos del crimen organizado del 2010 al 2019, el equivalente a un 51.8 por ciento del total de feminicidios. Un 23 por ciento de estos crímenes son de origen indeterminado, el 14.8 por ciento son íntimos, un 6.4 por ciento son antecedidos de violencia sexual, un 3.6 por ciento ocurrieron en el marco de la violencia intrafamiliar, y un 2.9 por ciento son feminicidios por otra causa.

Honduras, junto con Guatemala y El Salvador, son los únicos países de América Latina donde los feminicidios íntimos, o en el contexto familiar, no son mayoritarios.

Si se considera que los feminicidios calificados como indeterminados pueden ocurrir en el contexto del crimen organizado, resulta que casi un 74.8 por ciento de todos los feminicidios registrados en el país del 2010 al 2019 podrían haber ocurrido en este contexto.

Las instituciones que llevan registro de las denuncias de personas desaparecidas, el Ministerio Público y la Dirección de Policías de Investigaciones (DPI), no hacen públicos sus registros de denuncias de personas desaparecidas, únicamente extiende esta información cuando es solicitada de forma expresa por instituciones.

Los operadores de justicia y las personas que fueron entrevistadas por la Universidad tienen opiniones diferentes sobre este tema.

Las personas de la Fiscalía opinan que son pocos los feminicidios que se producen en Honduras, vinculados al crimen organizado, incluso que son inferiores en número a las estadísticas proporcionadas por el IUDPAS.

En contraste, las personas entrevistadas de Medicina Forense, de la Dirección de la Policía de Investigación (DPI), y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), consideran que este porcentaje es muchísimo más alto, pudiendo llegar a un 80 por ciento del total de los feminicidios. Estas son opiniones de las y los agentes de menor rango, que son quienes están en las zonas conflictivas y quienes no tienen un manejo político del discurso.

EL RETO DE LA PRESIDENTA

Bajo su presidencia, que inició el 27 de enero de este año, Xiomara Castro debe abordar la compleja misión de contener la ola de feminicidios en Honduras, para demostrar bajo el primer gobierno nacional con perspectiva de género. Actualmente, Castro es la única mujer al frente de una nación latinoamericana, y es la primera en la historia de Honduras.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, feministas de diversas organizaciones de Honduras se reunieron con Castro para entregarle un proyecto de Ley Integral contra las Violencias hacia las mujeres, elaborada a lo largo de varios años por la sociedad civil y con el objetivo de que sea la propia presidenta quien entregue el documento al Congreso Nacional.

Las organizaciones feministas también entregaron a Castro Sarmiento un proyecto de Protocolo de atención integral a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual para su posible aprobación e implementación por parte de la Secretaría de Salud y firmas de apoyo ciudadano a la derogación de la prohibición de la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia, popularmente conocida como ‘pastilla del día después’.

Por primera vez en la historia una presidenta prometió incorporar a su Plan de Gobierno varias de las demandas feministas, donde incluyó garantizar la participación política de las mujeres en su administración, restituir la venta de las PAE, despenalizar el aborto en tres causales, implementar la educación sexual integral en todos los niveles educativos, crear casas refugio para mujeres en riesgo, además de apoyar a las mujeres rurales y a las migrantes retornadas.

Como acto simbólico, las feministas propusieron que, durante el primer día del gobierno de Castro se aprobara la propuesta de un protocolo de atención a las víctimas de la violencia sexual. Sin embargo, en las primeras 22 acciones que anunció la presidenta, no se incluyó ninguna de las reivindicaciones del movimiento feminista. Sin puntualizar, Castro optó por dar un mensaje más genérico: “mujeres hondureñas no les voy a fallar, voy a defender sus derechos, todos sus derechos, cuenten conmigo”, dijo al tomar posesión.