En México durante 2021 se cometieron 10 feminicidios por día: Impunidad Cero
Con base en fuentes de información públicas y solicitudes de información, la asociación realizó un análisis diferenciado de los homicidios intencionales que suceden en el país y los niveles de impunidad en los homicidios dolosos y asesinatos de mujeres
Una protesta contra feminicidios.
En 2021 México registró una tasa de 27 homicidios intencionales por cada cien mil habitantes, lo que significa que en el país hubo diariamente 94 víctimas de homicidio doloso, de los cuales 10 fueron mujeres, revela el quinto informe 2022 que presentó este jueves la asociación Impunidad Cero.
El reporte señala que la tasa de feminicidios en el país durante 2021 fue de 1.55 asesinatos de mujeres por cada 100 mil, lo que revela que esta tasa ha aumentado un 125 por ciento en los últimos 6 años.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que toda muerte violenta de una mujer debe de ser investigada como feminicidio, en 2021 sólo 27 % de las muertes violentas de mujeres fueron clasificadas como feminicidio.
Asimismo, sólo 1 de cada 10 homicidios dolosos fueron esclarecidos y menos de la mitad de los feminicidios han recibido una sentencia condenatoria desde que comenzó a operar el Sistema de Justicia Penal en México. De acuerdo al informe 838 victimas sufrieron de feminicidio de las cuales 454 tuvieron sentencias condenatorias de feminicidio.
Los estados con mayor Índice de impunidad acumulada para homicidio doloso fueron Oaxaca (100%), Morelos (99.8%), Tlaxcala (99.5%), Colima (99.3%), Guerrero (98.5%), Chihuahua (98.2%) y Puebla (98.1%). Los estados con mayores Índices de impunidad acumulada en feminicidio fueron Oaxaca (100%), Tlaxcala (100.0%), Chihuahua (98.8%), Colima (92.1%) y Puebla (88.7%).
La quinta edición del Índice de Impunidad en homicidio doloso y feminicidio 2022 tiene como objetivo conocer a través de la visualización de datos la situación de impunidad y violencia que existe en el país.
Con base en fuentes de información públicas y solicitudes de información, Impunidad Cero realizó un análisis diferenciado de los homicidios intencionales que suceden en el país y de los niveles de impunidad en los homicidios dolosos y feminicidios.
En el evento de presentación participaron Juan Antonio Le Clercq Ortega, Coordinador del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la UDLAP; Marcela Talamás, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); Catalina Kühne, directora ejecutiva de Impunidad Cero y Monserrat López, analista de datos de Impunidad Cero.
Asimismo, con base en entrevistas a personas expertas y personal de procuración de justicia, se desarrollaron una serie de recomendaciones para salir de la crisis de seguridad e impunidad que existe en México, entre las que destacan:
- Impulsar las acciones de prevención de la violencia de género.
- Armonizar los tipos penales de feminicidio en las entidades federativas.
- Fortalecer las capacidades de investigación de delitos.
- Apostar por la reinserción social.
Monserrat López destacó que a pesar de los niveles tan altos de impunidad en el país, en el informe se pueden encontrar recomendaciones para salir de la crisis de impunidad y violencia en el país.
Juan Antonio Le Clercq Ortega resaltó cómo la ausencia de las capacidades institucionales se traducen en impunidad y esto se agrava para los homicidios dolosos y feminicidios, que son los delitos con mayor impacto social.
Catalina Kühne señaló que no es suficiente con encarcelar a los responsables de estos delitos, pues casi la mitad de las personas privadas de la libertad no cuentan con una sentencia, por lo que se debe apostar a una justicia restaurativa y garantizar la no repetición.
Marcela Talamás recalcó que la existencia de protocolos para investigar y juzgar con perspectiva de género son indispensables para que sucedan cambios en la procuración e impartición de justicia en el país.
Los resultados de este estudio reiteran que para combatir la impunidad estructural es necesario que las fiscalías refuercen sus capacidades institucionales para investigar y perseguir los delitos; que las muertes violentas de las mujeres se investiguen con perspectiva de género; que se fortalezcan las instituciones civiles y que la justicia para las víctimas no se reduce a un enfoque punitivista, sino de justicia restaurativa.