Con0 455 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones (mayoría calificada), la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución mexicana en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público (3de3) contra hombres violentadores, abusadores sexuales o aquellos que incumplan con la pensión alimenticia.

El dictamen fue construido por el grupo plural de diputados y presentado este jueves ante el pleno camaral. Con la abstención de siete diputados del PT, el pleno le dio su voto a favor de las mujeres.

Toca ahora al Senado discutir y darle luz verde al documento que, de ser aprobado, al menos 17 congresos locales deberán hacer lo mismo para que las modificaciones a la Carta magna puedan entrar en vigor.

Antes de arrancar el debate, el petista Gerardo Fernández Noroña pidió la moción suspensiva del dictamen al argumentar que los cambios constitucionales son una medida retórica que no atenderá el fondo de la violencia en contra de las mujeres.

El legislador aseguró que tiene el compromiso de luchar para erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres, pero “este tipo de legislación se puede utilizar de manera perversa”.

Se fija que aquellos hombres que cuenten con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos serán impedidos para aspirar a cargos públicos.

Otras de las razones para limitar esas aspiraciones: por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. “En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público. La ley fijará los casos en que se pierden y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano y la manera de hacer la rehabilitación”.

Se plantea que para que una persona pueda ser titular de la Fiscalía General de la República se requiere: ser ciudadana mexicana por nacimiento, en ejercicio de sus derechos; tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciatura en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenada por la comisión de delito doloso.