Adjudicaciones del gobierno a empresas de reciente creación y fantasmas por 3.5 mmdp: IMCO
Tan solo en un año, del 2021 al 2022, el 71% de las institución federales aumentaron su riesgo de corrupción en compras públicas, según el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) 2023, elaborado por el IMCO
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Opacidad y posible corrupción en contratos dell gobierno federal
El riesgo de corrupción se campea en el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador pues tan solo en un año, del 2021 al 2022, el 71% de las institución federales aumentaron su riesgo de corrupción en compras públicas y muestra de ello es adjudicaron más de tres mil 584 millones de pesos lo mismo a empresas de reciente creación, empresas sancionadas y ¡ hasta empresas fantasmas!., es decir, que no existen.
En 2022, las instituciones públicas federales adjudicaron dos millones 500 mil pesos a empresas fantasma, 107 millones 868 mil a empresas sancionadas y tres mil 474 millones a empresas de reciente creación.
De acuerdo al el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) 2023, la a institución con mayor riesgo de corrupción fue Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex).
Esta institución obtuvo un puntaje de 70 puntos en el IRC, 26 puntos más que el año anterior y el 99% de sus compras públicas se realizaron a través de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.
El reporte sostiene que las compras del sector salud se posicionaron entre las menos competitivas pues el 74% del monto gastado en medicamentos fue adjudicado directamente.
Destacan los casos de los Institutos Nacionales de Salud, particularmente el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (INR) y el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) que obtuvieron puntajes superiores a 80 en el subíndice de competencia.
SEGALMEX, la dependencia que ha estado en el ojo del huracán en todo este sexenio por el desfalco de al menos 15 mil millones de pesos que se tiene registrado hasta ahora, también está entre las dependencias con mayor riesgo de corrupción
Diconsa y Liconsa, empresas administradas por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), también se caracterizaron por la falta de competencia en sus compras.
Diconsa gastó 19 mil 734 millones en compras públicas y 90% se adjudicó directamente. Por su parte, Liconsa obtuvo un puntaje de 85 en el subíndice de competencia, ya que licitó solo 18% del monto gastado en compras públicas.
En tanto que la institución que más incrementó su puntaje de riesgo fue la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz.
Entre 2021 y 2022 pasó de 25 a 68 puntos en el IRC, sobre todo por la falta de competencia en compras de mantenimiento de bodegas y la adquisición de material pétreo para el Rompeolas Oeste, la obra más importante que se ha realizado en el puerto en varias décadas y parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
En 2022, las instituciones públicas federales llevaron a cabo 174 mil 219 compras y gastaron más de 513 mil millones de pesos, monto que representa 9% del presupuesto programable ejercido ese año.
El reporte arroja que siete de cada 10 instituciones aumentaron su puntaje de riesgo en el IRC con respecto a 2021. En el Gobierno Federal, persisten las prácticas de contratación que obstaculizan la competencia, la transparencia y el cumplimiento de la ley.
Entre las mayores prácticas de corrupción está la falta de transparencia: Más de 13 mil adjudicaciones directas (16%) no contaron con el documento del contrato a disposición del público y poco más de dos mil licitaciones públicas (30%) estuvieron incompletas, es decir, incumplieron con la publicación de uno o más documentos.
Asimismo, 4% de las compras públicas no contó con una liga funcional a Compranet, lo que impide conocer la información básica del proceso.
Asimismo el incumplimiento de la ley pues el 45% de las compras públicas de 2022 fueron publicadas en Compranet después de la fecha de inicio del contrato.
De hecho, 9% se cargaron en la plataforma entre uno y dos meses después de haber iniciado.
También los proveedores de riesgo ya que en 2022, las instituciones federales gastaron más de 107 millones de pesos en contratos con proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública. Además, 32% de este monto contratado fue a través de adjudicaciones directas y 64% se destinó a servicios de vigilancia.