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Aplicar prueba PISA 2025, ordena Poder Judicial a la SEP

Juzgado Tercero de Distrito instruye que la SEP y MEJOREDU realicen los trámites y gestiones necesarias para que se lleve a cabo la Prueba de la OCDE

Amparo de Educación con Rumbo

Educación con Rumbo pidió a los candidatos definir quién sería su secretario de Educación Publica.

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El Poder Judicial de la Federación ordenó, mediante una suspensión definitiva, a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) llevar a cabo todos los trámites y gestiones a fin de garantizar que se realice la Prueba PISA en México en el 2025.

La instrucción surge a raíz de un amparo presentado por la organización Educación con Rumbo, un movimiento nacional integrado por sociedad civil, Maestros y Padres de Familia que fomenta la participación ciudadana en mejorar la calidad educativa.

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La suspensión definitiva dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dentro del amparo 840/2024, se encuentra vigente y deberá acatarse por la SEP y MEJOREDU, informó Educación con Rumbo (ER).

Miguel Ángel Ortiz Gómez, abogado constitucionalista, explicó que la suspensión definitiva fue dictada para el efecto de que la SEP y MEJOREDU realicen los trámites y gestiones necesarias para que se lleve a cabo la Prueba Pisa en México en 2025.

Explicó que la cancelación no ha sido revocada a la fecha, y “deberá cumplirse de manera inmediata a fin de evitar la destitución de servidores públicos y el inicio de los procedimientos penales por desacato”.

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Paulina Amozurrutia, Coordinadora Nacional de ER, instó a los Candidatos a la Presidencia de la República que en el último día de campaña se pronuncien en torno a la necesidad de realizar la Prueba PISA.

Dijo que en caso de no realizar los trámites ahora la afectación se materializará en la siguiente administración.

También los exhortó a que mencionen el nombre de la persona que ocuparía la Secretaría de Educación Pública en su sexenio para “evitar designaciones de perfiles improvisados, incapaces o ausentes para administrar la cartera de educación en México por los siguientes 6 años”.

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