Senadores del PAN impulsan una iniciativa para prevenir, investigar, perseguir y sancionar la trata de personas en todos los establecimientos turísticos que prestan servicios de hospedaje o alojamiento, sobre todo, cuando se comete contra menores de edad.

Por ello, la senadora panista, Lilly Téllez, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Turismo, a fin de que todos los prestadores de servicios turísticos tengan la obligación de implementar medidas de seguridad para la protección de las niñas, niños y adolescentes.

Para tal efecto, en la propuesta enviada a las comisiones unidas de Turismo y de Estudios Legislativos Segunda, planteó que los prestadores de este tipo de servicios deberán solicitar la exhibición de credencial de elector o de cualquier otro documento oficial que demuestre la mayoría de edad.

Y que sólo se puedan autorizar el ingreso de niñas, niños y adolescentes a las habitaciones, departamentos y hospedajes, exclusivamente en compañía de quien ejerza su patria potestad, tutela o guarda y custodia.

También propuso que si el menor es acompañado por una persona distinta a quien ejerce su patria potestad o tutela, y se trate de un viaje escolar, cultural o deportivo, la persona mayor de edad que lo acompañe deberá acreditar mediante un documento firmado, la autorización para realizar dicho viaje.

En el documento, la legisladora subrayó que se tiene que notificar a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Ministerio Público, cuando se advierta la posible comisión de un delito.

La legislación vigente hace referencia a que las autoridades deben de supervisar negocios o establecimientos en los que se pueda cometer un delito de trata de personas; pero se deja la libertad de que los prestadores de servicios de hospedaje o alojamiento puedan recibir a menores, sin que exista alguna obligación de parte de ellos para que realicen acciones para proteger a este sector de la población.

El propósito de las reformas, destacó la senadora, es el de salvaguardar la integridad física y psicológica de las y los menores de edad que se hospeden o alojen en hoteles, moteles, posadas, casas, departamentos u otro similar, para que no sean víctimas del delito de trata de personas.