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Condena Senado Ley SB4 en EU; criminaliza a migrantes, acusa

Advirtió que entre 2014 y 2023 murieron o desaparecieron ocho mil 400 migrantes de México, el Caribe, Centro y Sudamérica, que intentaron llegar a la Unión Americana.

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EFE

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, condenó la entrada en vigor de la Ley SB4 en Texas, Estados Unidos, al acusar que se trata de una medida que criminaliza y discrimina a las y los migrantes.

En un mensaje que compartió en redes sociales, la senadora advirtió que entre 2014 y 2023 murieron o desaparecieron ocho mil 400 migrantes de México, el Caribe, Centro y Sudamérica, que intentaron llegar a la Unión Americana.

Ana Lilia Rivera se sumó al Gobierno de México para rechazar esta Ley que, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, pretende detener el flujo de personas migrantes mediante su criminalización, que fomenta la separación de familias, la discriminación y el perfilamiento racial que atentan contra los derechos humanos.

Dicha ley penaliza el ingreso ilegal de migrantes indocumentados a Texas, al considerarse como un delito se permite a los policías detener y deportarlos; además, las autoridades pueden detener a una persona por su apariencia, simplemente por sospecha.

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“En México condenamos la sorpresiva entrada en vigor de la Ley SB4 de Texas, una medida que criminaliza y discrimina a las personas migrantes”, expresó

La ley, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el que un extranjero "ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera" de forma irregular.

La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.

La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.

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Al respecto, la Cancillería mexicana cuestionó las disposiciones legales que afecten los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, pues dijo, esto genera ambientes hostiles en los que la comunidad migrante está expuesta “a expresiones de odio, discriminatorios y de perfilamiento racial”