La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que el próximo lunes el pleno del máximo tribunal del país iniciará la discusión del proyecto de resolución del ministro Alberto Pérez Dayán, quien propone invalidar el decreto de la primera parte del plan B de la reforma electoral aprobada por el Congreso de la Unión.

El pasado miércoles, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicitó al alto tribunal que proceda a resolver primero sobre la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social (LGSC), el 11 de mayo de 2018, y posteriormente se analice la validez de las reformas electorales, aprobadas en diciembre de 2022.

Al respecto, en reunión privada, y previa a la sesión pública de este jueves, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, sometió a consulta de los ministros integrantes del pleno la solicitud de la Consejería Jurídica de no resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, hasta en tanto no se pronuncie sobre otra acción presentada en 2018 contra el decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social.

“Las 11 ministras y ministros determinaron, por unanimidad, que no es factible atender la petición presidencial, ya que la impugnación presentada en 2023 se listó con fecha fija para el próximo lunes en términos de la legislación aplicable, toda vez que se ha tramitado con el carácter de electoral”.

El pleno coincidió en que el análisis de la primera parte del plan B de la reforma electoral, que comenzará el próximo lunes, no provocará el dictado de sentencias contradictorias ni afectará los principios de seguridad y certeza jurídica, y señaló que en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en 2018, a pesar de que se trate de la misma Ley General de Comunicación Social, y aclaró además que el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas -a la cual no se le dio el trámite de materia electoral- no ha sido entregado a la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN.

Para la Consejería Jurídica, postergar el debate en el pleno sobre la primera parte del plan B de la reforma electoral era para evitar la emisión de sentencias contradictorias “que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México”.