A 5 años de su triunfo por la presidencia de la República, este 1 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por la centralización del poder en el titular del Ejecutivo federal, eliminación de contrapesos democráticos, subordinación del Poder Legislativo, amenazas de todo tipo al Judicial pero sobre todo una inseguridad e impunidad donde delinquir en México sale muy barato, porque la probabilidad de que se haga justicia es de apenas 0.9%.

De acuerdo al reporte de la organización Signos Vitales “El Estado Mexicano a revisión”, integrado por personajes como María Amparo Casar Enrique Cárdenas, Julio Frenk, José Ramón Cossío Salomón Chertorivsky Katia D’Artigues Luis De la Calle, María Elena Morera, Federico Reyes Heroles ,Jorge Suárez Vélez, entre otros, el acceso a la justicia es un pendiente fundamental en el país. Incluso delitos de máxima gravedad presentan niveles de impunidad alarmantes.

Durante el 2021 (último dato disponible en el INEGI), únicamente el 6.8% de los delitos cometidos fueron denunciados.

De hecho hay una cifra negra de 93.2%, es decir, en 93 de cada cien delitos no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación.

De ese cien por ciento de los delitos denunciados sólo 14 de cada 100 son resueltos. En otras palabras, delinquir en México es muy barato, pues la probabilidad de que se haga justicia es casi nula: apenas 0.9%, de acuerdo cifras del INEGI.

En el 50.8% de todas las carpetas de investigación que algún ministerio público o fiscalía inició no pasó nada o no se continuó con la investigación.

Apenas en el 4.8% se puso al presunto delincuente a disposición de un juez y solo en 2.1% de los casos se obtuvo una reparación del daño, según datos del INEGI

Sostiene que entre diciembre de 2018, (cuando López Obrador asumió el poder) y marzo de 2023, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha reportado la comisión de al menos 8 millones 793 mil 72 delitos, entre los cuales se cuentan 121 mil 636 homicidios dolosos.

Aunado a lo anterior, en 2022 se rebasó la cifra de 100,000 personas desaparecidas.

Según datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, más de 30 mil casos de desaparición se han reportado entre 2019 y 2022, es decir la tercera parte de los desaparecidos se ha registrado en este sexenio.

Si la tendencia se mantiene, el sexenio podría acabar con más de 60 mil registros de personas desaparecidas.

El reporte advierte que no obstante la dimensión de la crisis, no se han observado avances significativos en materia de seguridad y justicia, lo que ha generado un importante déficit en la respuesta y protección de las víctimas pero también en la impunidad.

IMPUNIDAD

Recuerda que el informe “Voces contra la indiferencia” de la organización Artículo 19 revela que, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2022, se inscribieron 1,504 personas en el registro local de víctimas en la Ciudad de México, pero solamente 186 han recibido apoyo económico del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la capital, es decir, alrededor del 12 %.

El reporte advierte que toda la cadena de procuración, administración y aplicación de justicia en el país ha mantenido niveles de impunidad cercanos al cien por ciento, sin importar qué partido o persona gobierne el país.

ALARMANTE

Detalla que un dato particularmente alarmante y que refleja el desinterés de ministerios públicos y jueces por hacer valer el Estado de derecho, es que entre 2006 y 2022 se han abierto 15 mil 848 averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de tortura en México, pero solo se tiene registro de 8 sentencias condenatorias desde 1991

El nivel de confianza en autoridades de seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia es apenas del 53% en la población de 18 años y más.

DEVASTACIÓN

El análisis advierte que el desgaste y devastación que han sufrido las instituciones democráticas en México durante este gobierno ha sentado un precedente que revierte la tendencia de las últimas décadas.

Acusa que contrario a la narrativa que promueve el presidente López Obrador, la erosión institucional será tal, que el gobierno entrante tendrá que trabajar con menos capacidades institucionales y con una concentración de poder, tanto en la presidencia, como en las Fuerzas Armadas.

Explica que si bien López Obrador ha buscado por todos los medios reconcentrar el poder, no quiere decir que en todos los casos lo haya logrado.

Si bien durante la primera mitad del sexenio los decretos, acuerdos presidenciales y las modificaciones legales que se llevaron a cabo violando la Constitución se mantuvieron vigentes, a pesar de haber sido controvertidas, en la segunda mitad de este periodo presidencial se han revertido parcial o totalmente algunas de esas reformas y otras empiezan a estudiarse en los órganos de control correspondientes, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora es amenazada por el Ejecutivo, su partidos y legisladores de concretar una reforma al Poder Judicial para que los ministros sean elegidos por voto popular en el 2024 en caso de que Morena y sus aliados ganen la mayoría calificada en el Senado y Cámara de Diputados.