La cultura de la donación y trasplante de órganos y tejidos no solo enfrenta desinterés y apatía entre los mexicanos, pues diversas omisiones, lineamientos y normatividad de las autoridades encargadas, generan incertidumbre en esta práctica que en el 2021 apenas logró cubrir el 18. 5% de los pacientes en espera de recibir algún órgano, tejido o célula registrados al inicio de ese año.

En 2021, el número de personas que se inscribieron en el Registro Nacional de Donadores Voluntarios fue de 24,780, y se llevaron a cabo 4,427 trasplantes en ese año, lo que significó una cobertura de 18.5% respecto de los 23,905 pacientes en espera de recibir algún órgano, tejido o célula registrados al inicio de ese año.

Al cierre de 2021, el 81.0% (19,353) de los receptores continuaba en lista de espera, según la Revisión a la Cuenta Pública del 2021 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)

Ausencia de lineamientos para la asignación y distribución de órganos y tejidos de cadáveres de seres humanos para trasplante, falta de normativas para llevar a cabo la supervisión de estas prácticas, nula acreditación y evaluación de los profesionales que realizaron actos de disposición de órganos y tejidos así como Falta de alianzas interinstitucionales, son algunas de la omisiones y situaciones que detectó la ASF en las autoridades encargadas de la donación, trasplante y manejo de órganos y tejidos en México.

SIN EVALUACIÓN

En relación con el perfil de los profesionales de la salud que intervienen en actos de donación o trasplante, inscritos en el Registro Nacional de Trasplantes, se constató que el Centro Nacional de Trasplantes no llevó a cabo, en 2021, la acreditación y evaluación de los profesionales que realizaron actos de disposición de órganos y tejidos ni de los de los Comités Internos de Donación y Trasplante.

Aún más, la ASF detectó que casi el 10 % de los profesionales de la salud que intervienen en actos de donación o trasplante, inscritos en el Registro Nacional de Trasplantes, no cumplen con el perfil para coordinadores hospitalarios de donación.

El artículo 316 Bis de la Ley General de salud, establece que “el coordinador hospitalario de la donación de órganos y tejidos para trasplantes deberá ser un médico especialista o general […] para desempeñar esa función”.

Sin embargo, el 90.8% (413) fueron médicos; el 5.7% (26), enfermeros; el 2.9% (13), psicólogos; el 0.4% (2), trabajadores sociales, y el 0.2% (1) químico, es decir. Estos últimos perfiles de formación, en los cuatro últimos casos (9.2%), no se corresponden con lo establecido en dicho artículo sobre los requisitos para desempeñar esa función.

La donación y trasplante de órganos y tejidos enfrenta un escenario de pocos recursos para estos programas por parte del gobierno federal, pero también el Covid le impactó de manera importante a este programa.

El fortalecimiento del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes se vio impactado por la emergencia sanitaria del Covid, pues los sistemas de salud reorientaron las actividades de los hospitales, afectando los programas de donación y trasplante de órganos.

El Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) tampoco formalizó en su normativa, el procedimiento para llevar a cabo la supervisión de las prácticas de donación y trasplante de órganos y tejidos, en 2021.

Tampoco se han publicado los nuevos lineamientos para la asignación y distribución de órganos y tejidos de cadáveres de seres humanos para trasplante, pese a que el Acuerdo mediante el cual se establecen dichos lineamientos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2009, se abrogó en 2021.

Asimismo el CENATRA no llevó a cabo alianzas interinstitucionales ni acciones de cooperación con los organismos internacionales, en 2021, en materia de donación y trasplante de órganos, tejidos y células.

La ASF también detectó que en el diseño de evaluación, para 2021, la Secretaría de Salud, el CENATRA y la COFEPRIS no diseñaron objetivos, ni indicadores relacionados con la política pública, por lo que no dispusieron de instrumentos de evaluación orientados a verificar los resultados obtenidos en la materia, para la atención del problema público.