El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa por la que se crea la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastre y en la que se establece que serán las entidades federativas las responsables de actuar de manera inmediata en la atención de las comunidades que resulten afectadas derivado de un fenómeno natural como sismos, huracanes o inundaciones o alguna otra emergencia, para lo cual deben tener recursos propios para contener estos efectos.
La iniciativa –que abroga la Ley General de Protección Civil de 2012- establece que los estados “deberán prever recursos para atender a la población en situación de emergencia y, en su caso, la infraestructura pública estatal que hubiera sido afectada por la ocurrencia de uno o más fenómenos naturales. Es obligación y responsabilidad de las entidades federativas la emisión y publicación de un instrumento jurídico para la atención de la emergencia o desastre natural. Además, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales deberán contratar seguros de administración y transferencia de riesgo de desastres para la cobertura de daños causados por un fenómeno natural”, se lee en la propuesta de López Obrador.
En la nueva ley se elimina las Declaratorias de Emergencia y Desastre, y en su lugar se crean los Acuerdos por el que se establece una Situación de Emergencia y el Acuerdo una Situación de Desastre. Precisa que en el caso de Una Situación de Desastre será aquella en la que se reconoce e informa de la presencia de una o más amenazas naturales.
También obliga a los gobiernos de los estados fomentar en la población la cultura de la protección civil, a través de la difusión de la información que ayude a generar las herramientas necesarias que le permitan “salvaguardar su vida, posesiones y entorno frente a los riesgos derivados de las diversas amenazas.
La iniciativa del jefe del Ejecutivo señala que deberá hacerse del conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina y de la Guardia Nacional para que se apliquen el Plan DN-III E, el Plan Marina y el Plan GN-A.
También se crea el Comité Nacional que será la instancia de coordinación de las situaciones de emergencia.
La propuesta prevé la participación de grupos voluntarios que deberán obtener el reconocimiento oficial a través de su registro.
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