Un fracaso combate a la corrupción en la 4T; más presos por aborto que por corrupción
La investigación “¿Cómo se castiga la corrupción en México?" de César Alejandro Giles Navarro revela que la lucha contra la corrupción de la 4T ha fracasado
Estudio del Senado
El número de denuncias de la ASF bajó 50% de 2018 a 2019
Presumida como uno de los flagelos que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, prometió erradicar, la corrupción en México se castiga poco sobre todo en este sexenio y cada vez menos, ya sea por la vía administrativa o penal e incluso hay más personas recluidas por aborto que por corrupción:
Hasta el 2021, se reportaban en prisión 313 personas por el delito de Aborto mientras que 37 personas estaban en prisión por peculado, 22 por enriquecimiento ilícito, 15 por ejercicio abusivo de funciones y una por tráfico de influencias.
Así lo advierte una investigación del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, donde se establece que el combate a la corrupción en el gobierno de López Obrador ha perdido tal eficacia que la recuperación de recursos ante irregularidades o anomalías detectadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) se ha desplomado.
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Entre 2009 y 2018, se recuperaron 137 mil 464 millones de pesos, mientras que entre 2019 y 2022, los cuatro primeros años del gobierno de López Obrador, sólo se han recuperado 6 mil 702 millones de pesos.
La investigación “¿Cómo se castiga la corrupción en México?", elaborada por César Alejandro Giles Navarro, advierte que México cuenta, desde hace un lustro, con uno de los diseños institucionales más completos y reconocidos por el resto del mundo para enfrentar la opacidad y la corrupción, pero su implementación para combatir este flagelo ha fracasado, sobre todo por recorte de presupuesto a los órganos de fiscalización por parte de la 4T e instituciones incompletas como la Función Pública o el INAI, integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción.
La aplicación de auditorías a la administración pública federal también se ha desplomado al 50% en el gobierno del presidente López Obrador.
De poco más de 4 mil auditorías aplicadas en 2017, la cifra se redujo a 2,619 en 2018.
En 2020, último año del que se tiene registro, se contabilizaron 2,209 auditorías, lo que representó una disminución de poco más del 50% respecto al número de inspecciones y verificaciones realizadas en los años 2016 y 2017, detalla.
La promoción de responsabilidades sancionatorias por parte de la ASF, es decir, cuando los servidores públicos son denunciados por incumplir disposiciones legales y normativas en el desempeño de sus actividades también se cayó en un casi un 50% de eficacia.
De 2018 a 2019, el número de denuncias de la ASF bajó de 2,421 a 1,025 y, aunque en los siguientes dos años se tuvo un ligero repunte, no se han alcanzado los niveles de los años previos.
Sentenciados
En cuanto a funcionarios públicos sentenciados, la cosa tampoco pinta bien.
Entre 2013 y 2021, los órganos jurisdiccionales federales dictaron sentencia a 1,516, personas por delitos de corrupción lo que representó el 14.8% de las causas penales por delitos en esta materia registrados en este mismo periodo. Entre 2019 y 2021, las sentencias por corrupción a nivel federal bajaron 91%
Entre 2013 y 2018, el número de personas sentenciadas descendió 50%, pasando de 222 a 111.
De 2018 a 2019 se registró un aumento superior al 200%, alcanzando 342 sentencias, su punto más alto. Sin embargo, en el 2020 y 2021, el número de sentencias descendió a sus niveles más bajos, con 52 y 29 sentencias, respectivamente.
Llama la atención que desde 2017 hasta la fecha, no se ha sentenciado a ninguna persona por el delito de tráfico de influencias, una de las conductas más reiteradas en el imaginario colectivo y más recurridas en el plano discursivo.
Tomando como base el año 2021, se observa que el número de personas en la cárcel por actos de corrupción es significativamente menor al de otros delitos, como el robo, que en ese año sumaba a más de 125 mil personas presas, el homicidio, por el cual estaban recluidas más de 51 mil, o el secuestro, con 37 mil.
De hecho, al cierre de 2021, había más personas privadas de la libertad por el delito de aborto
(313 personas), que todas las que se encontraban recluidas en su conjunto por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias (75 personas) 15.
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Recortes
Uno de las medidas implementadas en este sexenio que ha impactado directamente en la revisión y sanción de actos de corrupción es el recorte a los órganos encargados de esa materia como la ASF a la que se le ha reducido su presupuesto hasta en un 40% respecto del 2013, año de inicio de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Entre 2013 y 2023, el presupuesto de la SFP se ha recortado de manera significativa: Entre 2013 y 2016, el presupuesto ejercido por la SFP creció un 65%, alcanzando su máximo en el 2016, con poco más de 2 mil 300 mdp.
Al año siguiente, en 2017, el presupuesto ejercido por la SFP disminuyó 66% y en el 2018 registró un repunte para llegar a 1,824 mdp.
En este sexenio del presidente López Obrador, la SFP ha ejercido presupuestos por montos de entre 1,400 y 1,600 mdp.
En términos reales, (descontando la inflación acumulada durante el periodo 2013-2022)13, el presupuesto destinado para la SFP en 2023 es 40% menor al que ejerció la dependencia diez años atrás en el 2013.
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Se desploman sanciones a funcionarios corruptos
El número de sanciones aplicadas a los servidores públicos federales por la comisión de faltas administrativas entre 2016 y 2020 y, en especial, las destituciones por actos de corrupción se redujeron alrededor del 30%.
En el 2016, se suspendió del cargo a 2,743 y se destituyó a 439 empleados. Para el 2020, último año del que se tiene registro, se reportaron 390 suspensiones del cargo, y se destituyó a 125 funcionarios públicos por actos de corrupción.