Fustigan otra vez al Poder Judicial por Ayotzinapa; "busca fortalecer hipótesis de protección al Ejército", dice Segob

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, volvió a criticar al Poder Judicial y reprochó el fallo de una jueza del Estado de México con el que liberó a ocho militares implicados en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y advirtió que se volverá a solicitar órdenes de aprehensión.

A través de un comunicado, la dependencia federal a cargo de Luisa María Alcalde Luján, señaló que dentro de las prioridades del Poder Judicial de la Federación nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso.

"No nos extraña la posición del Poder Judicial en el caso Ayotzinapa. Una vez más se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. No puede pasar desapercibido que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás “N” (Zerón), actualmente prófugo en Israel.

Gobernación consideró que sin ningún fundamento legal se ordenó la liberación de ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa, y enfatizó que esta decisión fue "con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército y, de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del Presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas".

Manifestó que coincide y suscribe la postura y manifestaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a la decisión de la jueza segundo de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, así como de los magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, quienes ordenaron que ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa llevaran su proceso en libertad.

Para el gobierno federal, el daño que se ha hecho (con la liberación de los integrantes del Ejército) es inconmensurable y con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia.

Reiteró que el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado, por lo que informó que se pedirá a la FGR solicite la revisión de las medidas cautelares tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios de la jueza para otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto del año pasado, pero que el mismo tribunal colegiado ignoró y dejó sin efectos.

De igual modo, se va a solicitar a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación.