En el marco del conflicto que abrió entre poderes de la unión la extinción de 13 fideicomisos que representan 15 mil millones de pesos, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña Hernández, envió un mensaje a las más de 53 mil personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación que sus derechos laborales, al igual que de todos los mexicanos, serán garantizados en términos de orden legal y constitucional que los ampara, "porque son ellos el elemento fundamental para garantizar la justicia que México exige”.

Ante representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, Piña Hernández reiteró su compromiso en la defensa de la Constitución, la independencia del Poder Judicial, el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos.

"La independencia judicial es un pilar esencial de la democracia y la protección de los derechos, es el baluarte indispensable en un Estado constitucional y democrático de derecho”, destacó la ministra presidenta.

Fue muy enfática al asegurar dos temas fundamentales para el órgano de justicia. Uno, la transparencia en el ejercicio del presupuesto para el Poder Judicial Federal, el cual –dijo- se ha reducido más de 23% en términos reales, aunado a que se tienen nuevas responsabilidades derivadas de reformas constitucionales y tratados internacionales en diversas materias, por lo que “la viabilidad de continuar sirviendo la sociedad, de ofrecerle una justicia pronta, completa e imparcial está a prueba, pero no se detiene ni se detendrá”.

Pero ante el escenario de la suspensión del decreto que elimina para el Poder Judicial 15 mil millones de pesos en fideicomisos en favor de su personal laboral, la ministra presidenta advirtió: “A las de 53 mil personas trabajadoras del PJ, sus derechos laborales, al igual que de todos los mexicanos, serán garantizados en términos de orden legal y constitucional que los ampara, porque son ellos, “el elemento fundamental para garantizar la justicia que México exige”.

Y lanzó un ultimátum de no tener tolerancia a los actos de corrupción: “La justicia no es un monopolio del Poder Judicial, es una responsabilidad de Estado que incluye la seguridad, la procuración de justicia, el desarrollo social y el combate a la desigualdad”.

La férrea defensa de esos principios –puntualizó Norma Piña- sólo se logrará, en el día a día. Con estudio, con reflexión, con acción, con autocrítica, con honradez, con prudencia, con empatía y fundamentalmente, con un profundo sentido de compromiso y responsabilidad en la edificación de una sociedad más justa, e igualitaria. La justicia no sólo pacífica el conflicto, también humaniza, edifica, y enaltece a la sociedad.

Entonces se refirió a la cero tolerancia a la corrupción.

La política de cero tolerancia a la corrupción es un principio fundamental que desde hace mucho subraya el compromiso firme con la integridad y la justicia en todos los niveles de la sociedad.

“Esto no sólo es una declaración de buenas intenciones, es un mensaje claro: aquellos que participan en actividades corruptas enfrentarán consecuencias severas”.

Y dio cifras al respecto: “Se impusieron 16 sanciones, que van desde el apercibimiento privado, hasta la destitución e inhabilitación. Esta es solo una muestra de que estamos combatiendo la corrupción y el ejercicio abusivo de la función pública, pero también es una muestra de que en el Poder Judicial de la Federación la mayoría de las personas somos gente honesta, responsables y con compromiso”, aseguró la funcionaria federal.

Sobre las resoluciones de la Corte en los diferentes recursos legales presentados para dirimir conflictos entre poderes, con carácter político. O de carácter civil, la ministra presidenta se refirió a uno muy trascendental para la vida pública del país, y es el funcionamiento de la Guardia Nacional como cuerpo de élite en tareas de seguridad pública.

“Entre en los asuntos más relevantes destaca la declaratoria de invalidez del decreto que ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se determinó que el artículo 21 constitucional ordena expresamente que dicha corporación sea civil y que su adscripción corresponda a la Secretaría del ramo de la seguridad pública, en este caso, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.

Norma Piña concluyó su informe al reiterar, una y otra vez, que es “la lucha por la justicia nuestro mayor legado. Es la defensa de la Constitución y, por tanto, la defensa de cada persona”.