Las denuncias ante la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y organismos internacionales que enfrenta la ex funcionaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, no fueron obstáculo para que ocupe el cargo de oficial mayor en la PGR, desde hace cuatro meses.
Desde agosto de 2002 fue denunciada por ocupar una dirección de la SHCP y tener al mando hasta 800 empleados sin antes crear los manuales de organización específicos de funciones para los burócratas, así como los mecanismos para autorizar y destinar las partidas presupuestales que la dependencia entrega a las entidades del país.
La ex directora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Egresos, Lilia Cortés García, relató que presentó denuncias ante más de 47 instancias nacionales e internacionales “ante la ilegalidad que se cometió”; sin embargo, aseguró que a la fecha aún no recibe respuesta de la PGR, la Secretaría de la Función Pública y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros organismos.
Una de las múltiples denuncias que presentó desde hace tres años por “el manejo discrecional de recursos que hizo Cecilia Barra” fue ante el órgano interno de control de la SHCP, el cual realizó una auditoría a la Dirección General de Programación y Presupuesto A y cuyo resultado reveló la existencia de las irregularidades administrativas que denunció Lilia Cortés.
El oficio marcado con el número de auditoría AF-97/2003, firmado por la titular del órgano interno de la SHCP, Aída Amanda Córdova, indica que la dirección que presidió Cecilia Barra hasta hace unos meses “no cuenta con manuales de procedimientos acortes a las funciones establecidas en las modificaciones al Reglamento Interior de la SHCP de fecha 31 de julio de 2002”.
A las irregularidades detectadas se agrega el hecho de que las “constancias de nombramientos de servidores públicos adscritos funcionalmente a la Dirección General de Programación y Presupuesto A” están “desactualizadas” y de que dicho órgano “operó con una estructura orgánica anterior a la que debería corresponder”.
A pesar de las observaciones que emitió el órgano de control interno desde noviembre de 2004, Lilia Cortés aseveró en entrevista que las anomalías en el manejo discrecional de los recursos y la ausencia de manual persiste sin que ninguna autoridad deslinde responsabilidades y sin que se le haya dado respuesta a las denuncias que promovió ante las diversas dependencias encargadas de procurar justicia y de combatir la corrupción.
LA HISTORIA. En agosto de 2002, Lilia Cortés recordó que se le pidió “liberar” la aplicación de los manuales que controlan el perfil y el mecanismo para destinar sus de los recursos del país con el objetivo de desaparecer cuatro direcciones de área y en su lugar impulsar la creación de dos áreas.
Los cambios en la estructura eran con el fin de adelgazar la burocracia existente en la SHCP, pero la plantilla de unos 520 trabajadores llegó a sumar unos 800 ante la llegada de “amigos cercanos a los nuevos funcionarios”, dice Lilia Cortés, a quien se le obstaculizó el pago de su quincena e incluso la entrada, luego de que fue despedida junto con unos 400 trabajadores.
Lilia Cortés aseguró que Cecilia Barra “emitió más de 70 mil oficios firmando con un cargo que carecía de atribuciones y como titular de una dirección que oficialmente no existe” tras agregar que los recursos públicos del erario desde 2002, que ascienden a más de cinco billones de pesos, “han sido manejados de manera discrecional y al margen de la ley”.
Incluso, el pasado 15 de febrero el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo en que se exhorta a la PGR “a resolver conforme a derecho y con las consecuencias legales” las cuatro averiguaciones previas en contra de Cecilia Barra; a la Secretaría de la Función Pública a dar un informe y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que inicie una investigación formal de violación a las garantías individuales.
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