El pleno de la Cámara de Diputados de la recién integrada LXV Legislatura aprobó la madrugada de este jueves la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia con la que se abrogó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En la norma avalada, con 273 votos a favor, 220 en contra y cero abstenciones, se establece entre sus modificaciones que si la Cámara baja declara que "ha lugar a proceder contra la persona imputada (servidor público), ésta quedará separada de su cargo y sujeta a jurisdicción de los tribunales.
En el debate se planteó, y aprobó, que los Congresos locales acatarán la determinación de la Camara de Diputados, esto como antecedente en el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien fue desaforado por el Jurado de Procedencia para ser sometido a la justicia por presuntos actos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Sin embargo, el Congreso local se pronunció en contra de la determinación, y se aprobó, por el contrario, una reforma para proteger al mandatario tamaulipeco.
Con esta ley se reglamentan cinco artículos (108, 109, 110, 111 y 112) de la Constitución Política, que tiene como fin "regular los sujetos de responsabilidad política en el servicio público, las causas y sanciones en el juicio político, los órganos competentes y el procedimiento en el juicio político".
Sobre el procedimiento de juicio político, el ordenamiento legal especifica que sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que la persona servidora pública desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.
La ley aprobada fija que si la resolución dictada en el juicio político es condenatoria, se sancionará a la persona servidora pública con destitución. "Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público desde diez hasta treinta años".
La Ley Federal de Juicio Político permite que cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito denuncia contra una de las personas servidora pública ante la Cámara de Diputados.
En tanto, respecto a la Declaración de Procedencia, se regula que ésta podrá ser instaurada previa solicitud que presente el Ministerio Público ante la Cámara de Diputados cuando se encuentren debidamente cumplidos los requisitos procedimentales para el ejercicio de la acción penal en contra de alguna de las personas servidoras pública.
En cuanto a la responsabilidad Penal del Presidente de la República, el dictamen indica que durante el tiempo de su encargo podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano.
"El procedimiento podrá ser instaurado previa solicitud presentada por el Ministerio Público, cuando se encuentren debidamente cumplidos los requisitos procedimentales para el ejercicio de la acción penal en contra de la persona titular de la Presidencia de la República.
"En la solicitud, el Ministerio Público deberá acompañar copia certificada de todas las constancias que integran la carpeta de investigación, en su caso, si las investigaciones y diligencias fueron agotadas y está en posibilidad de ser judicializada deberá acompañar la resolución sobre el ejercicio de la acción penal".
Una vez que se cumplió con la recepción de la solicitud, la Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento si el dictamen emitido por la Sección Instructora considera procedente la solicitud del Ministerio Público, entonces esta sobre se constituirá en órgano de acusación y, de aprobarlo, continuará el procedimiento ante el Senado de la República que deberá constituirse como Jurado de Sentencia.
La discusión del dictamen se prolongó hasta después de las 4:00 horas de este jueves ante la presentación de 60 reservas por parte de 40 oradores.
La oposición se manifestó con su voto en contra del dictamen que presentó el diputado morenista Jaime Humberto Pérez Bernabe, quien resaltó que la LXV Legislatura inicia con claridad en sus compromisos de no desperdiciar ni un instante en la encomienda de seguir impulsando proyectos que modernicen el andamiaje legal de la nación.
Argumentó que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es “anacrónica, plagada de vericuetos legales e incompatible con las ideas del combate a la corrupción e impunidad”.
Dijo que el nuevo marco jurídico es moderno, respetuoso del debido proceso y responderá con agilidad, legalidad y justicia a la demanda colectiva de “no más impunidad”.
Por el PAN se advirtió que esta ley viola la autonomía de los congresos locales, por lo que sus legisladores aseguraron que será impugnada. La postura de los diputados del blanquiazul fue secundada, entre otros argumentos, por el PRI y PRD - alianza legislativa- que esgrimió violación al debido proceso.
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