La propia estrategia de dispersión de apoyos directos (para adultos mayores, becas para estudiantes, jóvenes construyendo el futuro, etcétera) ha puesto al gobierno federal en la situación de patrón que subcontrata personal sustantivo vía outsurcing, incluyendo a quienes controlan los padrones de beneficiarios, administran los pagos de los apoyos y monitorean el flujo de los recursos.
Esta semana, el Banco de Bienestar alcanzó los 463.7 millones de pesos en gastos a una empresa de subcontratación a efecto de que ese personal oficialmente no trabaje para la institución financiera emblema de la 4T, aunque está involucrado en la gestión de su actividad principal.
Es fácil suponer que, como muchos otros patrones, el Banco del Bienestar optó por utilizar sus recursos presupuestales de la forma que más le rindiera y, como a muchos centros de trabajo, eso se tradujo en dejar la contratación en manos de una empresa que proporcione el personal y se haga cargo de obligaciones como seguridad social, fondo de pensiones y otros.
Lo que se debate en el Congreso de la Unión (como puede leerse en otras notas de Crónica de esta misma fecha) es la intención del líder sindical y senador Napoléon Gómez Urrutia, Napito, de prohibir particularmente este tipo de operaciones para conseguir personal a más bajo costo.
De acuerdo a expertos de outsourcing consultados por Crónica, la nómina de un centro de trabajo, gubernamental o privado, aumenta hasta en 30 por ciento por el pago de prestaciones de los trabajadores cuando se realiza por métodos de contratación directa, sin intermediación de un outsourcing o subcontratador.
El manejo de múltiples cuentas y el pago de conceptos como bonos, compensaciones y otros en lugar de salario propiamente dicho, permite al ourtsourcing disminuir el monto de lo pagado en nómina. En el caso del Banco del Bienestar, la dispersión masiva de becas y apoyos directos (muchas veces entregando el dinero en mano) ha implicado contratar a personal en muchas zonas del país para el control y gestión de ésta que es la labor principal del Banco creado bajo la 4T.
Un bloque de funcionarios y militantes de morena y la 4T, que incluye a funcionarios de la Secretaría del Trabajo, están dispuestos a hacer una separación entre los outsourcing que brindan personal no sustantivo a los centros de trabajo, como por ejemplo los de limpieza de instalaciones o vigilancia, de aquellos que sustituyen las contrataciones que un patrón (gubernamental o privado) debe realizar para llevar a cabo sus labores.
En el caso del Banco del Bienestar, la única forma de adaptarse a una legislación como la que promueve Gómez Urrutia, implicaría crear una cantidad de plazas federales considerable, cercanas a 500, además de realizar inscripciones y los pagos al ISSSTE correspondientes.
La intervención de la Prodecon resultó también sui géneris ya que el organismo de defensa de los contribuyentes, empresas o particulares, está descabezada desde hace un año debido al atraso con el que Presidencia ha manejado la elaboración de la terna para nombrar titular.
En cualquier caso y fuese o no resultado de su intervención, la Prodecon informó en los primeros días de febrero “que se entiende que habrá retención (del 6 por ciento) cuando las funciones del personal sean aprovechadas de manera directa por el contratante o una parte relacionada de éste”.
Y se agrega: “los servicios objeto de retención son (…) todos aquellos en los que se pone a disposición del contratante o de una parte relacionada de éste, personal que, esté o no bajo su dirección, supervisión, coordinación o dependencia, e independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual”.
Esto empieza a diferenciar de facto los outsurcing en los que, por ejemplo, se contrata limpieza o seguridad para centros de trabajo de aquellos contratos de outsourcing que proporcionan a una empresa el personal con el que realiza sus labores principales, es decir sustantivas (por ejemplo, mecánicos a un taller o contadores a un despacho fiscalista).
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