
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció que un millón 381 mil 853 mexicanos afrodescendientes continúan viviendo en un entorno de exclusión e indiferencia, sin presencia explícita en ámbitos de las políticas públicas y en la legislación, y hasta hace poco su presencia en la estadística nacional era inexistente, por lo que permanecían invisibles, lo que es una forma más de discriminación.
Al presentar a la opinión pública el “Estudio Especial sobre la Situación de la Población de México a través de la Encuesta Intercensal 2015”, la Cuarta Visitadora de la CNDH, Norma Inés Aguilar León, afirmó que “cuando un grupo de la población no es reconocido explícitamente con derechos propios, se le priva de las oportunidades que les dan al resto de las poblaciones y con ello se le está impidiendo su autorrealización.
Las poblaciones afrodescendientes no existen para gran parte de la sociedad mexicana ni dentro de la estructura jurídica del Estado mexicano, y por ello actualmente demandan ser socialmente visibilizados y ser legalmente reconocidos, como elementos necesarios para la satisfacción de sus requerimientos culturales y socioeconómicos”.
Hizo un llamado a sociedad y autoridades para consolidar el reconocimiento, protección y defensa de los derechos de los pueblos afrodescendientes, bajo esquemas que propicien la inclusión y fomenten la participación activa de los mismos, lo cual necesariamente debe comprender su identidad cultural, el respeto y rescate de sus tradiciones, de sus aspiraciones y costumbres.
Con base en lo anterior, la CNDH propone –considerando el respeto a la diversidad, con visión intercultural, de género y de derechos humanos— fomentar el reconocimiento político, cultural y social de los pueblos y personas afrodescendientes; garantizar una justicia igualitaria; legitimar su desarrollo con identidad y su derecho a tomar decisiones adecuadas a su realidad; continuar el proceso de producción estadística y de indicadores pertinentes, e implementar una campaña nacional de lucha contra la discriminación y exclusión, especialmente de los pueblos indígenas y negros.
Adicionalmente, el Organismo Nacional propone como agenda mínima inicial inmediata: que se decrete el 19 de octubre como el “Día de las personas y los pueblos afrodescendientes”; asegurar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se etiquete una partida específica para la atención de personas y pueblos afrodescendientes, y que se realicen los cambios normativos necesarios para el reconocimiento constitucional y legal de las personas y pueblos afrodescendientes, a partir de escuchar y atender los planteamientos que directamente formulen los mismos.
Las entidades federativas con mayor población afrodescendiente son Estado de México, con 304 mil; Guerrero, con 229 mil; Veracruz, con 266 mil y Oaxaca con 196 mil,
Norma Inés Aguilar León puso de relieve que 6.6% de niñas y niños afrodescendientes no cuenta con registro de nacimiento; 18% de la población no cuenta con filiación a algún tipo de servicio o sistema de salud; el promedio de escolaridad entre mujeres de 15 años y más es de 9.4 años, y de 9.7 años entre los hombres; más del 40% de la población ocupada no cuenta con prestaciones de ley en su trabajo; 55.8% de los hombres y 48.9% de las mujeres no cuentan con licencias o incapacidades con goce de sueldo; 48.3% de los hombres y 43.2% de las mujeres no tienen servicio médico proveniente de su trabajo; 51.9% y 42.6% no cuentan con vacaciones pagadas y 44.4% y 35.6% no reciben aguinaldo; 47.1% de los hogares aún cocinan con leña o carbón; casi 40% tiene techo de material de desecho o láminas, y 15% carece de agua entubada.
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