Desde las organizaciones de la sociedad civil, como Mexicanos Primero, la aprobación de la nueva reforma educativa es un marco jurídico que pone como objetivo el desarrollo del interés superior de la niñez y elimina los resquicios para la perversión de las plazas laborales de los docentes.
“Es un documento fortalecido al que envió el Presidente de la República en diciembre pasado, porque se garantiza el interés superior de la niñez y la inclusión. Se atiende por ley a la primera infancia, desde los cero a los cuatro años, cuando se pueden dar las correcciones neuronales, por ello lo vemos como un gran avance. También se garantiza el desarrollo integral, no sólo en lo cognitivo, social y emocional, sino en la atención de los planteles y el cambio de las escuelas, además del impulso a las escuelas normales”, dijo en entrevista con Crónica Sandra Creixell, directora de Asuntos Jurídicos de esta organización.
Resaltó que el Congreso de la Unión dio paso a que México tenga una educación inclusiva, que elimina barreras de toda índole, sin discriminación, con la atención a las comunidades indígenas y que promueve el desarrollo de las escuelas rurales.
“Y otro punto a destacar es que se reconocen los derechos profesionales, desde el punto de vista de que los maestros tienen el reconocimiento como agentes del cambio, además de que se crean las condiciones para que accedan a la profesionalización de su quehacer, a través de los concursos de ingreso, promoción y reconocimiento, por lo que desde Mexicanos Primero analizamos que no hay espacio para que se pervierta la asignación de las plazas de los maestros”, dijo Creixell.
Señaló que, sin embargo, esta organización de la sociedad civil deberá estar atenta a la creación de las leyes secundarias para reglamentar los derechos laborales de los maestros y sus evaluaciones por medio de ejercicios públicos, aunque ya no esté a cargo de un órgano con reconocimiento constitucional.
Con respecto a la oposición del PAN para avalar este dictamen, Sandra Creixell se dijo respetuosa de las posiciones políticas, pero aclaró que hoy por hoy se advierte un trabajo legislativo que garantiza el derecho humano a la educación y se reglamentará el régimen de excepción que considera así el acceso a las plazas laborales del magisterio a través del artículo 123 Apartado B de la Constitución.
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