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El Instituto Nacional de Desarrollo Social, encargado de fomentar a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y entregarles recursos públicos, ha sido utilizado para beneficiar a empresas por medio de contratos con Universidades, en la modalidad conocida como “Estafa Maestra”.
Estas triangulaciones son parte de una investigación vigente en la Secretaría de la Función Pública.…
La SFP sigue la huella de al menos tres contratos, en los cuales se utilizó la figura de la Universidad Tecnológica de Salamanca, en Guanajuato, para entregar sumas millonarias a diversas compañías. Sus números son: INDS/012/2016 por 3 millones 967 mil 200 pesos; CM-INDS/012/2016 por 739 mil 436 pesos y INDS/005/2017 por 6 millones 107 mil 400 pesos.
En los tres, el concepto fue por servicios de aplicaciones informáticas, mantenimiento y desarrollo, contratados mediante adjudicación directa por la Dirección General de Tecnologías de la Información del Indesol, órgano de la Secretaría de Bienestar (antes Sedesol). El dinero provino de las partidas presupuestales 33304 de 2016 y 33304 de 2017.
En total, se triangularon 10 millones 815 mil pesos.
El objetivo era elaborar un sistema informático para integrar los procesos administrativos de los tres programas a cargo del Instituto: el de Apoyo a las Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas (PAIMEF) y dos relacionados con la transferencia de recursos a OSC, el de Coinversión Social (PCS) y el de Fomento y Registro Federal de las organizaciones.
El uso de instituciones públicas y privadas de educación superior ha sido recurrente para estos desvíos, debido a las excepciones al procedimiento de licitación pública establecidas en las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).
Una de las empresas mencionadas como beneficiarias es Core One Information Technology, de acuerdo con el testimonio de servidores públicos vinculados al proceso, quienes refieren: “Esta empresa instaló oficinas en el salón Rubiel del Instituto hasta diciembre de 2017, lapso en el cual no pagó ningún tipo de renta y utilizó mobiliario, luz, electricidad, agua e Internet. En este espacio, se instalaron 7 personas de tiempo completo”.
Para la elaboración del Sistema Informático adquirido, señalan los testigos, “nunca se diseñaron términos de referencia ni un diagnóstico de los sistemas anteriores. El Programa de Conversión Social y el Registro Federal de las organizaciones sociales tenían sus propios sistemas que operaban desde 2003 y 2006, y que recibían soporte técnico de la Subdirección de Desarrollo de Sistemas del Indesol”.
Es decir, “se contrató una empresa para realizar el trabajo que personal del Instituto desarrollaba desde tiempo atrás”.
Para mejorar el Registro Federal de las OSC, Indesol había contratado en 2012 a la Universidad de Tlaxcala. Sin embargo, sólo operó un tiempo breve porque en 2014 fue sustituido por un Sistema Integral Interno.
Otra de las vertientes de la indagatoria es la contratación del personal bajo el esquema de honorarios por medio de un outsourcing triangulado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En realidad, la nómina era manejada por una empresa conocida como Novutek, con la peculiaridad de haber triplicado el gasto operativo.
Pese a las disposiciones presidenciales en este tema, apenas el pasado 15 de febrero se desarrolló la primera sesión extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en la cual se aprobó la contratación de personal mediante la misma fórmula del outsourcing.
Pese al despilfarro superior a 10 millones de pesos para el sistema informático, de junio a diciembre de 2018 se contrató mediante el proceso de invitación, a la empresa Softura Solutions, para brindar el mismo servicio de desarrollo de aplicaciones (partida 33301 de ese año), por un monto de un millón 334 mil pesos. Sin embargo, el soporte técnico jamás fue comprobado ni documentado.
Se investigan los vínculos de esta empresa con los mandos encargados de ejecutar el Sistema Integral de Indesol.
Core One Information Technology, la compañía referida en las triangulaciones de 2016 y 2017, ha sido acusada de retener el código y base de datos de los tres programas albergados en el Instituto, información que debiera ser de manejo exclusivo de la dependencia. El 31 de julio de 2018 ganó por invitación un nuevo contrato de 896 mil pesos para operar la infraestructura de cómputo, conocida como hospedaje del sistema, hasta el 29 de diciembre de ese año.
Según los testimonios consultados, desde principios de diciembre, ya en la administración lopezobradorista, suspendió este servicio como una táctica para forzar una extensión contractual.
Ante la falta de sistema, Indesol debió ampliar el plazo para la entrega del informe anual (2018) al cual están obligadas todas las organizaciones sociales registradas ante el gobierno federal, conforme al artículo 7 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por OSC.
El 26 de diciembre, Core One e Indesol debieron firmar un convenio modificatorio al contrato, para alargar el hospedaje de la base de datos hasta el 29 de enero de 2019, por la cantidad extra de 179 mil 200 pesos, de acuerdo con documentos consultados en Compranet.
Las anomalías en Indesol durante el sexenio pasado incluyen la contratación de licencias de software “fantasmas”, las cuales jamás fueron utilizadas, como Services Now, prestada desde junio de 2016; y Qlik Sense para el envío masivo de correos electrónicos, la cual costó más de un millón de pesos y nunca se aplicó.
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