La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de Energía (Sener) por construir el gasoducto Sonora, sin respetar el derecho humano a la consulta previa del pueblo Mayo y la tribu Yaqui.
En la recomendación 17/2018, dirigida al Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, por no garantizar el derecho humano a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, afectando la propiedad colectiva e identidad cultural de las comunidades indígenas Mayo y Yaqui, por la construcción del gasoducto Sonora, segmento Guaymas–El Oro.
La Sener, abundó la CNDH, tiene responsabilidad institucional por las conductas y omisiones que generaron que no se realizara un procedimiento adecuado de consulta, que incluyera un estudio de impacto sociocultural con los estándares debidos, afectando a las comunidades del Pueblo Mayo, así como por la violación del derecho a la consulta afectando a la propiedad colectiva del Pueblo Yaqui de Loma de Bácum.
La CNDH recomendó al titular de la Secretaría de Energía reparar el daño causado a las comunidades Navojoa, Álamos y Huatabampo del Pueblo Mayo, y al Pueblo de Loma de Bácum de la Tribu Yaqui.
Además, en un plazo máximo de un año, debe crear un registro administrativo de las empresas con las que ha participado y participará en proyectos que fueron consultados o deben ser consultados a las comunidades indígenas.
Asimismo, en un plazo de doce meses la Secretaría debe adoptar las medidas necesarias para poner en marcha o fortalecer los sistemas de supervisión, fiscalización y registro de actividades de extracción, explotación, desarrollo o de gran escala en correspondencia con los derechos humanos, para evitar su vulneración en agravio de la población indígena en el área de influencia en que estas actividades tienen lugar.
También, en un plazo de un año, la Secretaría debe diseñar e impartir un programa integral de educación, formación y capacitación en materia de derechos humanos, específicamente sobre los derechos a la consulta y a la propiedad colectiva, con énfasis en proyectos de desarrollo o de gran escala, y el contenido de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas.
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