Convengamos que la propuesta de López Obrador para desmantelar el arbitraje y la representación electoral de México es prácticamente imposible. Convengamos que los cuatro partidos de oposición (PAN, PRI, MC, PRD) se han demostrado a sí mismos, lúcidos y disciplinados frente al avasallamiento presidencial, impidiendo en bloque la reforma eléctrica. Convengamos que la reforma electoral propuesta, afecta directamente a esos partidos en su funcionamiento nacional y en sus capacidades para competir frente a un aparato estatal cada vez más abusivo. Y convengamos, por fin, que las leyes y estructuras electorales son la obra histórica de esos mismos partidos y que ahora, el presidente quiere demoler para exhibición de su supremacía.

Todo esto haría inútil y hasta contraproducente hacer la crítica precisa a los contenidos de esa iniciativa, pero creo, uno de sus efectos negativos es la propagación de prejuicios y confusiones sobre la que está montada. Si las juntamos, llenaríamos un bodegón completo de incomprensión capaz de contaminar las cabezas y el pensamiento de millones. Por eso creo que hay que salir al paso, al menos en algunas de sus torceduras mayores: la destrucción del INE.

Cuando la iniciativa convierte en temporal (página 33) a las instituciones organizadoras, están aniquilando la columna y los huesos de la confianza electoral mexicana, esos miles de profesionales que se han especializado en una triple disciplina: el manejo estricto de la ley, un despliegue logístico unificado en todo el territorio nacional y la difícil administración de las pasiones y malos humores de partidos y sus candidatos. Veamos más precisamente.

El INE tiene 332 vocales ejecutivos especializados, unos en levantar y depurar un padrón incuestionable, al menos desde 1994; otros expertos en capacitar masivamente a la ciudadanía en cada elección celebrada en nuestro territorio (Los Altos de Chiapas o la Huasteca potosina) y otros más, concentrados en la supervisión del territorio, con los millones de ciudadanos que cuidan los votos el día de las muchas jornadas electorales.

¿Quieren saber porque México ha podido organizar tantas elecciones sin mácula, soportado todos los vaivenes de la política, auspiciado toda combinación aritmética en el Congreso y tres alternancias en el poder presidencial? Pues, porque existe esa estructura.

Vocales del Registro Electoral, de Organización, de Capacitación, Secretarios, que sumados, conforman unidades y fuerzas de tarea en cada uno de los 300 distritos electorales. Sin su trabajo, sería imposible la entrega de esas 72 mil credenciales cada día; el registro de los candidatos; la visita reiterada a millones de hogares; la vigilancia de la propaganda; el monitoreo de medios; el impecable diseño -sin error alguno- en las millones de boletas; la vigilancia cuadra por cuadra de las jornadas electorales y un largo etcétera sobre el que se ha edificado la estabilidad política de México… las elecciones limpias.

En realidad, en nuestro territorio se organizan 300 elecciones coordinadas bajo las mismas normas y los mismos estándares, radiques en Navojoa, Macuspana, en San Pedro o Ecatepec: las reglas siempre son igual de estrictas e impecables. Esta estructura humana es capaz de dejar en manos de millones de ciudadanos, la responsabilidad electoral el mero día de los comicios y es la que regresa a recoger y encargarse de resguardar la voluntad ciudadana contenida en las urnas los días siguientes a la elección. La limpieza y la legalidad pende de ella, hace ya 30 años.

Estamos hablando de un espacio de profesionalismo y de apego al derecho. Una burocracia especializada que ha generado para bien, una de las pocas ínsulas de legalidad en la vida mexicana. Cómo el Banco de México o cómo el INEGI, con la pequeña dificultad adicional, de aceptar como huéspedes permanentes en su seno, a los siempre iracundos partidos políticos.

Es una de las estructuras humanas que organiza la vida de nuestro país. Y su destrucción, es el objetivo principal de la reforma del presidente López Obrador.