La jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha creado un “Servicio de medios públicos” que funciona bajo su control directo. Se trata de la nueva figura jurídica para manejar el canal de televisión Capital 21 que desde hace varios años ha transcurrido sin rating ni gloria y que es, fundamentalmente, un espacio de propaganda oficial.

El 21 de diciembre pasado la Dra. Claudia Sheinbaum expidió un Decreto que establece el “Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México”. La principal atribución de esa entidad será encargarse del canal 21 pero podría operar otras frecuencias en televisión y radio. Financiado con recursos públicos (este año recibirá 118 millones de pesos) ese canal ya estaba y seguirá estando a las órdenes de la Dra. Sheinbaum, aunque la Constitución de la Ciudad de México dispone que debería trabajar de manera autónoma.

Esa Constitución, que el próximo 5 de febrero cumplirá cinco años, ordena, en el apartado F de su extenso Artículo 16, la existencia de un Sistema Público encargado de los medios de radiodifusión de la CdMx. La idea de contar con un sistema de medios de esa índole fue parte del proyecto de Constitución redactado por la comisión que encabezó Porfirio Muñoz Ledo, creada por el entonces jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera. Allí se establecía un “sistema público de radio, televisión y medios digitales de comunicación”. Aquel proyecto orientó las discusiones de la Asamblea Constituyente, entre 2016 y 2017. En ellas la diputada María Teresa Gómez Mont, de Acción Nacional, presentó una propuesta más detallada para un sistema de radiodifusión que tuviera autonomía respecto del gobierno de la Ciudad.

El “servicio” creado por la Dra. Sheinbaum contradice punto por punto la Constitución de la Ciudad que ella gobierna.

La Constitución local indica que se creará un Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México. El Decreto de la jefa de Gobierno, para darle la vuelta a esa obligación, dispone la existencia de un “Servicio de Medios Públicos”.

La Constitución dice que el Sistema “será operado por un organismo público descentralizado, no sectorizado”. El Decreto crea un Organismo Público Descentralizado, sectorizado en la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad.

La Constitución dispone que el organismo a cargo de la radiodifusión pública sea encabezado por un “Consejo de Administración de siete integrantes con mayoría ciudadana como órgano de gobierno”. En su Decreto, Sheinbaum establece un órgano de gobierno integrado por cinco funcionarios de su administración.

La Constitución de la CdMx indica que el Sistema Público será dirigido por una persona “designada por el Consejo de Administración y electa a partir de una terna propuesta por el Congreso de la Ciudad de México”. El Decreto Sheinbaum determina que la Dirección General “será nombrada y removida libremente” por la jefa de Gobierno.

Los diputados constituyentes aprobaron la creación, para el Sistema Público, de un Consejo Consultivo Ciudadano de Programación integrado por once personas. Esos consejeros, igual que la terna para ocupar la Dirección General, tendrían que ser electos “mediante convocatoria pública, a propuesta de las organizaciones sociales y ciudadanas, el sector académico y expertos en la materia”. Los consejeros “deberán tener plena independencia de los gobiernos, los partidos políticos y las empresas de radiodifusión de carácter privado”. Tanto el Director, como esos consejeros, serían designados por el Congreso de la CdMx, con votación de al menos dos terceras partes de sus diputados.

El Decreto Sheinbaum solamente dice que el nuevo organismo de radiodifusión tendrá un Consejo Ciudadano integrado por cinco personas “elegidas de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico”. Dicho Estatuto será aprobado por el órgano de gobierno que, como indicamos antes, está formado por cinco funcionarios del gobierno de la ciudad.

La autonomía administrativa y de gestión que según la Constitución local debería tener el organismo de radiodifusión de la Ciudad de México, es cancelada en el Decreto Sheinbaum. En vez de un consejo de administración en donde sean mayoría ciudadanos sin compromisos partidarios, habrá un órgano compuesto por empleados de la jefa de Gobierno. Las atribuciones del Congreso de la CdMx en la designación del director y los consejeros ciudadanos del Sistema Público, son desconocidas en el Decreto de diciembre pasado.

La de Canal 21 es una televisión muy alejada del servicio público que tiene la obligación de cumplir. Esa emisora destina al menos dos horas diarias a transmitir la conferencia de prensa del presidente López Obrador y una más a la conferencia que, al medio día, ofrece la jefa de Gobierno. Ya resulta discutible que la cotidiana alocución del presidente sea transmitida en los canales 11 y 14 del gobierno federal. La reproducción de esa señal en el Canal 21 no tiene más finalidad que respaldar, desde el gobierno de la CdMx, la propaganda presidencial. Ese estilo oficialista, en ocasiones simplificado en una ideologizada y tosca ridiculización de quienes AMLO considera adversarios suyos, se mantiene en otros espacios del Canal 21, destacadamente en el noticiero “Informe capital”.

El servicio público de radiodifusión es por definición plural, ofrece información para deliberar y no para propagandizar, recoge las inquietudes de la sociedad y no los intereses del poder político. La televisión que maneja el gobierno de la CdMX, se ha mimetizado con la también ideologizada televisión del gobierno federal que no hace servicio público sino publicidad oficial. Con el organismo que ahora ha decretado (y que podría ser revocado judicialmente porque transgrede la Constitución local) la Dra. Sheinbaum crea un costoso espejo para sus intereses políticos y, antes que nada, a las órdenes del presidente.