El Poder Judicial. Eduquemos con el ejemplo.
El pasado mes de octubre, el Poder Legislativo aprobó la extinción de 13 Fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que representan más de 20 mil millones de pesos. De los trece, 6 son de la Suprema Corte, con un monto de 6 mil 241.9 millones de pesos; 5 del Consejo de la Judicatura, con 15 mil 281 millones, y 2 del Tribunal Electoral, con 15 millones 941 mil pesos.
Si revisamos estos fideicomisos, nos encontramos que son para pensiones complementarias de magistrados y jueces, mandos superiores, mandos medios y personal operativo; prestaciones médicas; remanentes presupuestales; mantenimiento de casas de magistrados y jueces; y hasta por la venta de publicaciones, CD’s y otros proyectos.
Lo anterior, molestó al Poder Judicial que argumentaba que sin estos fideicomisos, la operación del mismo se ponía en riesgo, además de que se vulneraban los derechos laborales de los trabajadores. Por ello, como ya es costumbre, se vino una ola de amparos para suspender dicha extinción. Irónicamente, el Poder Judicial iba a resolver sobre un tema que afecta al Poder Judicial.
El pleno del Senado voto en lo general el dictamen que elimina 13 fideicomisos del Poder Judicial
Así que, en un asunto que a todas luces representa un conflicto de interés, el día de ayer, se resolvió la suspensión definitiva de la extinción de los fideicomisos. Es decir, que estos se mantienen.
Todo este asunto ha despertado el debate público sobre la necesidad de una reforma profunda al Poder Judicial. Desde que el Presidente Andrés Manuel llegó a la Presidencia de la República y estableció que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente, los principales amparos llegaron de éste poder, sin dejar de mencionar a los órganos autónomos que tampoco aceptaron las nuevas reglas del juego. El tema de la Burocracia Dorada ha sido una constante cuando se pretenden impulsar políticas de austeridad.
Hablar de los fideicomisos, más allá de evidenciar una ruptura entre la Suprema Corte y el Presidente, nos refiere a los privilegios de los que algunos gozan y otros no. En el Ejecutivo Federal se eliminaron las pensiones a expresidentes, los seguros de gastos médicos mayores, incluso desapareció el cuerpo encargado de la seguridad del Presidente, el Estado Mayor Presidencial. Pero en Poder Judicial hasta se sostiene la vivienda de jueces y magistrados como si sus sueldos no alcanzaran para ello.
El debate sobre la burocracia dorada en el Poder Judicial debiera de seguir. Hace falta ahondar sobre la necesidad de democratizarlo y transparentar el manejo de sus recursos, no sólo económicos, sino humanos, porque es bien sabido que el nepotismo es una de sus áreas de oportunidad.
Si bien, todo parece ser que los fideicomisos seguirán existiendo, el Poder Judicial deberá estar bajo el escrutinio público, de ciudadanos cada vez más maduros e informados. Con el tiempo, tenderá a ser más transparente, cercana y congruente con la realidad social.
En fin, como sociedad debemos estar claros en que si queremos proteger el Estado de Derecho es importante recuperar la formación cívica desde la educación básica para ubicar nuestro papel en la justa proporción que nos demanda la sociedad. Y al mismo tiempo, educar con el ejemplo donde la justicia empieza por dejar de proteger privilegios.
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