Es difícil cuantificar la magnitud del costo que asume un país cuando existen, de manera generalizada, malestar y ausencia de paz. ¿Cómo medir la pérdida de una familia cuando alguno de sus integrantes es detenido por ser presunto responsable de la comisión de algún delito? ¿Cómo medirla cuando la autoridad no logra acreditar que tal delito existió o que esa persona no es responsable de haberla cometido?
¿Cómo medir cuánto pierde una familia cuando alguno o varios de sus integrantes pierden la vida en algún conflicto del crimen organizado? ¿Y, más aún, cómo medirlo cuando tal pérdida se califica, como se hizo irresponsablemente en el sexenio pasado, como una “baja colateral”, cuando no tenía absolutamente nada qué ver con la delincuencia?
¿Cómo medir los saldos que enfrenta una familia cuando alguno o varios de sus integrantes son víctimas de algún delito violento? ¿Y cómo medir el daño que se genera a víctimas de delitos cometidos por los propios integrantes del núcleo familiar o sus círculos cercanos?
La violencia es uno de los factores más poderosos de disolución social. Su presencia generalizada es perniciosa para todos los ámbitos de lo social; por ejemplo, una mujer víctima de violencia en el hogar será siempre menos productiva y más vulnerable a otros tipos de abuso.
Una niña o un niño que es víctima de violencia en sus hogares o en sus escuelas presentará siempre menores niveles de aprovechamiento escolar, lo cual significa un brutal daño presente, pero también con impactos futuros, tanto en sus capacidades profesionales, como en las personales de relación e interacción social y acceso a la felicidad.
Proyectado al nivel macro, la presencia generalizada del crimen inhibe la inversión; provoca la reducción de la actividad comercial y productiva; provoca pérdidas cuantiosas en robos y extorsiones; y contribuye negativamente en lo que se refiere a las capacidades de recuperación y resiliencia frente a factores macro de vulnerabilidad económica, como los presentes en nuestro país.
Cuando todo lo anterior ocurre en un contexto-país en el que hay legiones de pobres y millones de personas que todos los días viven las consecuencias de la desigualdad y la inmovilidad social, se genera un peligroso escenario de malestar y de insatisfacción con la democracia; de erosión de la confianza en las instituciones; y de ruptura de las capacidades y posibilidades de cohesión y solidaridad social.
Respecto de estos temas, es importante destacar que el día de hoy se presentan los resultados del Índice de Paz para México. Se trata de una iniciativa del Instituto para la Economía y la Paz, en el cual se compilan nuevos indicadores que deben alertar sobre un posible repunte de la violencia, y en particular de la violencia homicida, en nuestro país.
El Índice muestra que entre 2014 y 2015 la Tasa de Homicidios tuvo un incremento de 6.4%; aunque en general hay una mejoría significativa de todos los indicadores de violencia respecto del año 2011, en el que se llegó al punto máximo de violencia en la historia del país en épocas de paz.
En el marco de lo que sí se puede cuantificar, el Índice de Paz presenta datos respecto de un ahorro aproximado de 802 mil millones de pesos debido a la reducción de la violencia —cifra cinco veces mayor al recorte presupuestal de este año—.
Valdría la pena llevar a cabo el esfuerzo de desagregar un ejercicio tan interesante como éste: ¿Cuáles son los estados con mayor violencia contra las mujeres? ¿Cuáles son los estados más violentos contra las niñas y niños? ¿Cuáles son los estados donde se cometen más crímenes de odio?
Amén de lo anterior, es un hecho que México vive una peligrosa pandemia de violencia que urge erradicar y revertir, porque sin ello la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, sustentado en la paz y la garantía plena de los derechos humanos, continuará siendo sólo una aspiración para la mayoría.
@saularellano
www.mexicosocial.org
Copyright © 2016 La Crónica de Hoy .