Ahora, tras la suprema corte de la nación
¿Qué tienen en común las aspirantes a ocupar la vacante en la Suprema Corte de la Nación (SCJN)?
Evidentemente, el género; no sé si porque tenemos dos candidatas a la Presidencia o porque el INE exigió la paridad de género en los aspirantes a las gubernaturas ahora esté de moda dar más espacios a las mujeres en la Corte. Entiéndanme, soy feminista desde hace décadas por una cuestión de equidad, pero no por creer que el género determine la lealtad, la honestidad o la eficiencia, como sí parece ser la postura presidencial.
Lo segundo es que las tres tienen nexos fuertes y añejos con el presidente López Obrador, aun cuando en cargos menores. La excepción y de circunstancia reciente es la de la actual Consejera Jurídica de la Presidencia. Nada más hay que echar un ojo a sus CV:
Bertha María Acalde fracasó en su intento de ser consejera del INE por su evidente ignorancia del Derecho Electoral y sus propuestas simplistas para reducir los gastos del INE. Cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad de Nueva York y su trayectoria ha sido básicamente como funcionaria dentro del sector público. Es hermana de la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; su madre, Bertha Luján, fue ni más ni menos que presidenta del Consejo Nacional de MORENA.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Participó en la elaboración de la Reforma del Sistema de Justicia, cuyos beneficios son de dudarse. De 2018 a la fecha, Alcalde ha pasado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la COFEPRIS.
Lenia Batres, además de ser la hermana del actual jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, es abogada con maestría en Derecho Penal por la UNAM y fue diputada federal. Ha desempeañado cargos dentro de las direcciones de Asuntos Jurídicos en un par de delegaciones, entre ellas la de Tlalpan cuando Claudia Sheinbaum fue la titular. Actualmente es subordinada de la siguiente aspirante.
María Estela Ríos, la actual Consejera Jurídica de la Presidencia, tampoco tiene mucho qué presumir. Si ella ha tenido alguna responsabilidad en las iniciativas de ley enviadas por el presidente, su solidez jurídica deja mucho qué desear, pues la mayoría se las han bateado en la SCJN por ser inconstitucionales.
Es abogada por la UNAM, pero su maestría es en Ciencias Políticas del Centro Universitario “Emmanuel Kant”. En su caso particular, existe el debate sobre la viabilidad legal de su postulación pues se considera que la Consejería Jurídica tiene el nivel de Secretaría y la ley no permite que un secretario pase a formar parte de la Corte.
El tercer común denominador de las postuladas es que ninguna tiene carrera en el litigio privado ni dentro del Poder Judicial. Eso no las hace menos abogadas, pero sí mostraría una limitación sobre su conocimiento respecto de los procedimientos en los jucios y litigios. Como en todas las profesiones, hay especialidades; no es lo mismo un arquitecto proyectista que uno que se dedica a la obra; o un médico dedicado a la clínica que un cirujano.
La cuarta característica común es que desde la perspectiva presidencial no son “conservas”; por lo tanto, su lealtad a la 4T estaría garantizada.
El quinto denominador común es que ninguna tiene formación ni experiencia en Derecho Constitucional. Me pregunto cómo podría cualquiera de ellas elaborar un proyecto de resolución si carecen de las bases para hacerlo. Cuando se está a nivel de la SCJN el conocimiento profundo de la Constitución es vital porque los temas que ahí se dirimen afectan a todos y las resoluciones emitidas son la última instancia legal.
¿Cómo es que López Obrador se atreve a enviar una terna tan pobre profesionalmente y tan subordinada políticamente?
Porque puede… según sus cálculos.
Porque los nombramientos de ministros de la Corte son tema del círculo rojo y de especialistas.
Porque no le va a costar popularidad, ni votos. El común de la gente no discutirá el evidente intento de cooptar a la SCJN y vulnerar el equilbrio de Poderes.
Porque antes de terminar su período, Don Andrés pretende enviar inciativas impotantes como el Plan C y la Reforma al Poder Judicial; necesita garantizar en la Corte el mayor número de votos acríticos a sus propuestas.
Porque el presidente tiene una visión moralina de su propio proceder. Él y sus seguidores son los que están del lado del bien; el resto deberíamos ser condenados a los infiernos. De ahí que exija uniformidad de pensamiento a sus colaboradores, como si fueran células de un solo organismo.
Porque nos lo advirtió hace mucho: el presidente pide 90 por ciento de lealtad y 10 por de capacidad... Y así nos ha ido.
¿De terror, verdad?
Colaboró: Upa Ruiz uparuiz@hotmail.com
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