Con acta hechiza, Conacyt trata de validar nombramiento de Romero
La institución presentó un documento que sólo evidencia irregularidades, señala comunidad estudiantil del CIDE · Cada vez queda más claro que ha habido una usurpación de funciones públcas: Eduardo Muñiz
Cisma institucional
José Romero Tellaeche, María Elena Álvarez-Buylla y Alejandro Díaz, directivo de Conacyt en una imagen del 30 de noviembre, tras la elección ilegal del director del CIDE.
Tras negarse y después ser orillado por el INAI y jueces federales ante solicitudes ciudadanas y una impugnación en curso, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) presentó un tipo de acta de designación del director del CIDE, José Romero Tellaeche, no obstante, presenta irregularidades que refleja su falta de legitimidad e incluso un acto de corrupción, señala la comunidad de estudiantes de la institución a través de una carta.
“El documento carece de formalidades jurídicas mínimas, como protocolización ante Notario Público y la lista de asistencia con firmas autógrafas de las personas e instituciones que participaron en la sesión”.
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Estas características dan cuenta y son evidencia de la irregularidad del proceso, añade. “De cierto modo, de ser cierto su contenido, consideramos que constituye confesión de parte de que el proceso de designación fue ilegal, al referir diversas irregularidades que ya hemos impugnado, entre ellas que no se permitió la votación de los asociados del CIDE sobre la formalización del cargo en el que se impuso a Romero Tellaeche”.
Imagen de marcha de la comunidad del CIDE de diciembre de 2021 en Reforma que culminó en el Senado..
De acuerdo con Eduardo Muñiz, uno de los líderes del movimiento estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la solicitud del acta y su inexistencia bajo la legislación de la institución sería una evidencia directa, ante tribunales, de la irregularidad en el proceso de designación de Romero.
“Desde noviembre sostenemos que el nombramiento de Romero es ilegal en función de testigos presenciales y de que el propio INE manifestó que no se votó su formalización”, señala en entrevista.
Agrega que coincidieron en tiempos que el pleno del INAI ordenó publicación del acta y que un tribunal en segunda instancia –que ratifica la sentencia que ya en primera instancia se había dado en marzo– ordenó a Conacyt presentar el acta como evidencia de los litigios. “No es que de pronto Conacyt tuviera aires de transparencia, si no que por dos frentes distintos está obligado a presentarla”.
Añade que el acta presentada por Conacyt es una evidencia muy importante de las irregularidades de la designación, la más importante que no se votó la formalización del cargo.
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– El documento presentado por Conacyt no es más que evidencia indirecta de que no tienen cómo demostrar la designación legal de Romero bajo los estatutos del CIDE. ¿Las cosas están cayendo por su propio peso?
–Efectivamente, la verdad siempre sale a la luz. Este documento sin sellos notariales, sin firmas de quienes asistieron a la sesión y falseando lo que sucedió en ésta –se afirma que el INE se abstuvo, cuando que votó en contra– nos presenta uno de dos escenarios: o bien no existe el documento real notariado, de tal manera que el nombramiento es ilegal, o se están negando a presentar el documento real notariado y nos están haciendo perder el tiempo con este documento extraño de mala pinta, lo cual atentaría al debido proceso de los litigios que están en curso, lo cual también es corrupción.
Marcha de la comunidad del CIDE en Reforma en diciembre de 2021.
CONSECUENCIAS GRAVES.
El proceso emprendido por la comunidad del CIDE ha transitado todos los caminos institucionales, uno a uno, hasta llegar a los tribunales y la repercusión de su desenlace generaría consecuencias graves para Romero por usurpación de funciones y actos de corrupción de Elena Álvarez-Buylla, directora de Conacyt.
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“Álvarez-Buylla puede ordenar cosas a Romero y él las puede obedecer, pero eso no lo legitima para ejercer como funcionario público. De tal manera que, si el juez determina que su nombramiento es ilegal, las consecuencias van más allá del movimiento estudiantil y significan que, por lo menos en estos seis meses en el CIDE, más los que se sumen, tanto Romero como su cuerpo directivo han estado usurpando funciones públicas, ejerciendo de manera ilegal un presupuesto público de varios millones de pesos, todo ello bajo el cobijo de otra funcionaria pública (Álvarez-Buylla) y, de ser el caso, por supuesto que vamos a proceder en consecuencia”.
La definición más básica de corrupción, acota, es la apropiación indebida de recursos públicos para un beneficio privado. “Hemos sostenido desde noviembre que Elena Álvarez-Buylla está capturando al sector científico para beneficio de ella y su camarilla. El documento que presentaron de manera forzada tanto por el INAI, como por el Poder Judicial de la Federación parece ser evidencia de esto, al menos en el CIDE, pero sin duda las comunidades de otros Centros Públicos de Investigación que han sido afectados por el comportamiento de esta funcionaria, deberían considerar también impugnar sus procesos, porque seguro este modus operandi se repite de forma cínica y descarada”.
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–El miedo impera en otros Centros Conacyt, los cuales no cuentan con la robustez de un sector estudiantil como el del CIDE.
–Ratificamos nuestra invitación a que dialoguen con otros actores del sector. Entendemos que la condición política es desfavorable, nosotros lo hemos vivido: nos han cerrado las puertas, en Palacio Nacional se niegan a recibirnos…, pero aún quedan jueces en este país, por lo que la lucha seguirá en los tribunales.
–¿Qué sigue ahora en el proceso legal?
–Estamos en espera de que la jueza determine si acepta como valido este documento, puesto que ella solicitó que se presentara el acta notariada, legible, clara y completa… y esto es lo que presentaron. Si ella lo acepta como evidencia, el litigio continuará teniendo esta carta como prueba y evidencia de la ilegalidad.
Antes de las consecuencias de lo que ocurra en el proceso, la comunidad del CIDE reitera su objetivo que data del inicio del movimiento. “La comunidad estudiantil ha manifestado que necesitamos una serie de garantías –apunta Eduardo Muñiz–, que se nos dé una representación estudiantil formal, que se restituya todo el proceso de designación en la dirección –esta vez apegado a derecho– y que se castigue a los responsables por los actos ilegales si así lo determina un juez, si se cometió un delito”.
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