Directoras y directores, coordinadores de los programas universitarios, así como académicos consejeros representantes de institutos de investigaciones científicas y humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se han sumado a la solicitud de abrir el diálogo y discusión pública de la iniciativa de Ley General de Ciencia.

En una carta dirigida al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, los universitarios realizaron uno de los pronunciamientos más significativos que se han realizado institucionalmente en la UNAM y el país contra la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo en diciembre pasado, elaborada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

El señalamiento se suma al realizado por académicos de la red ProCienciaMx y de investigadores de los Centros Públicos de Investigación Instituto Mora, CIDE y El Colegio de la Frontera Norte, entre otros.

En la misiva firmada por 117 directivos, coordinadores y representantes académicos de la máxima casa de estudios, solicitaron “la apertura de audiencias públicas” en relación con la Iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 13 de diciembre de 2022.

Seguimiento noticioso

Discusión de la Ley General de Ciencia

1

Javier López Casarín: Convocaremos a Parlamento abierto para definir iniciativa de la nueva Ley de Ciencia

2

La propuesta de Ley de Ciencia quita el modelo participativo e impone uno centralista: académicos

3

Encuesta entre investigadores del CIESAS señala cinco temas preocupantes en Ley de Ciencia

“Lo anterior con el fin de tener un espacio para el intercambio de ideas en torno a la iniciativa que se encuentra en comisiones, debido a que hay, entre nuestra comunidad académica, algunas inquietudes en relación con la política de humanidades, ciencia y tecnología e innovación”, señala el documento firmado por universitarias y universitarios.

Entre los puntos “motivo de preocupación” se encuentran:

1. La restricción de la libertad de investigación al hacer de lado la ciencia básica y la apertura de nuevos campos de conocimiento.

2. Presenta contradicciones con el marco legal existente referente a la propiedad intelectual de los desarrollos científicos y tecnológicos.

3. Genera desventajas para estudiantes (de acuerdo con su disciplina) en los criterios de asignación para el otorgamiento de becas.

4. No desarrolla criterios y políticas específicas y diferenciadas para el desarrollo de las humanidades, las ciencias, la tecnología y la innovación.

5. No establecen medidas presupuestales acordes con nuestra Constitución Política.

117 FIRMANTES.

Entre los 117 firmantes se encuentran las y los siguientes universitarios:

Mónica González Contró consejera-directora del Instituto de Investigaciones Jurídica y ex Abogada General de la UNAM; Gabriela de la Cruz Flores, consejera-directora del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación; María Isabel Belausteguigoitia Rius, consejera-directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género; William Lee, presidente del Consejo Técnico de la Investigación Científica; Rosa María Ramírez, directora del Instituto de Ingeniería; Luis Miranda Gutiérrez, Director del Instituto de Química; Sara Franco, representante de Técnicos Académicos; Víctor Velázquez, director de la Facultad de Ciencias; César Domínguez, director general de Divulgación de la Ciencia; Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y emergentes; Laura Palomares, directora del Instituto de Biotecnología, Xavier Soberón, coordinador del Centro de Ciencias de la Complejidad y Ana Escalante Hernández, directora del Instituto de Ecología (al cual está adscrita, con licencia, la directora de Conacyt), entre otros.