“La política científica: excesos y deslealtades”, de Antonio Lazcano
Ponencia expuesta durante el parlamento abierto en la Cámara de Diputados para la elaboración de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación
parlamento abierto
Antonio Lazcano es miembro de El Colegio Nacional.
Al igual que ocurre con la democracia, andando el tiempo la ciencia también logra corregir sus errores, exhibiendo fraudes, reinterpretando resultados y modificando hipótesis y teorías. Sin embargo, la buena marcha del aparato científico depende de prácticas que no son democráticas sino participativas. Aunque no son instrumentos infalibles, la historia muestra la importancia que tienen las evaluaciones de pares y el desarrollo de consensos críticos, que desde la fundación de la Royal Society en el siglo XVII representaron un mecanismo que permitió proteger a la ciencia de la intromisión de los poderes políticos y religiosos.
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El reconocimiento de la ciencia como un bien común no parece compatible con la propuesta de ley que elaboró el CONACYT, porque lo que busca es la implantación de un sistema centralista e ideologizado de una ciencia de Estado, imponiendo prioridades desde el gobierno y restringiendo la libertad de investigación. Para lograrlo, pretende acabar con la evaluación de pares, ejercer un control total sobre los centros públicos de investigación, excluir a las universidades públicas y privadas de la definición de la política científica, y dejar a la ciencia en un limbo presupuestal, con los enormes riesgos que ello significa para la docencia y la divulgación.
“Álvarez-Buylla ha abusado de su poder… pero en política ya es peso muerto”
No es difícil imaginar las consecuencias que tendría la aprobación del proyecto de ley del CONACYT, porque ya lo estamos atestiguando en la forma autoritaria y caprichosa con la que la Dra. Álvarez-Buylla ha dirigido a la ciencia mexicana a lo largo de este sexenio. Basta recordar el desdén con el que rechazó las invitaciones para comparecer ante ustedes, y que va de la mano con su incapacidad para lograr acuerdos con la comunidad científica. Lo que debió ser un diálogo con investigadores, profesores y estudiantes se convirtió desde un principio en un monólogo ideologizado a menudo pleno de inexactitudes y falsedades, como lo demuestran los engaños sobre los ventiladores y las vacunas contra el SarsCov2.
Estamos atestiguando la peor contracción del aparato científico de la que se tenga memoria en las últimas décadas. A la ausencia de un programa de crecimiento del sector, se suman las consecuencias del uso discrecional del poder, incluyendo la remoción forzada de directivos de algunos Centros Públicos de Investigación, los daños a la estructura institucional y académica del CIDE, la grotesca animadversión contra la biotecnología, la expropiación ilegal de cerca de un centenar de fideicomisos, la conversión del personal académico de los centros de investigación en empleados de confianza y, en el colmo de la desfachatez, el otorgamiento de dádivas políticas como el nombramiento de Investigador Nacional Nivel III al Fiscal de la Nación.
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¿A qué o a quienes les guarda lealtad la Dra. Álvarez Buylla? Primero incluyó, defendió y luego eliminó de su efímera Agenda de Estado la llamada República de la Ciencia propuesta por Michel Polanyi, que en 1987 afirmó que “gustosamente habría servido a la CIA” para oponerse a “la planificación y supervisión estatal de la ciencia convencido de que ello conduciría inevitablemente al totalitarismo”. Mas tarde, en un acto de deslealtad matricida, descalificó los análisis de la UNAM haciendo reclamos macartistas a los colegas y funcionarios que suscribieron las críticas a su visión unilateral de la política científica. Como lo demuestra la reducción de números de becas de posgrado en el extranjero y la cancelación de acuerdos internacionales con programas como UC Mexus, Eramus Mundi y Marie Curie, tampoco parece importarle mucho el futuro académico de los jóvenes.
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Como lo prueban sus rencores académicos y su incompetencia administrativa, lo largo de su gestión la Dra. Álvarez-Buylla no ha sabido distinguir entre la responsabilidad pública y el ejercicio autocrático del poder. Todo ello permite anticipar los riesgos que se corren. El reconocimiento del papel rector que el Estado debe jugar en la política científica y el desarrollo tecnológico no significa la aceptación del modelo centralista y autoritario que pretende imponer la iniciativa presidencial. Los excesos y aires despóticos que pueden dañar irremediablemente el futuro de la investigación científica están frente a nosotros y frente a ustedes, señoras diputadas y señores diputados, y no podemos permitir que su análisis crítico quede substituído por la zalamería, ni debemos eludir nuestros compromisos refugiándonos en la indiferencia política.
*Profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, miembro de El Colegio Nacional y Premio Crónica
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