Maximiliano solicitó al barón Magnus, el embajador prusiano en México, que marchara a la Ciudad de México con objeto de reunirse con los hombres a quienes había seleccionado para que se hicieran cargo de su caso. Las paradojas del destino, una vez más, se manifestaron, pues el primero en quien pensó el archiduque en desgracia era un hombre mayor, con fama de sabio y de honesto, a quien en repetidas ocasiones había ofrecido cargos en el imperio.
Ese hombre había rechazado todos esos ofrecimientos porque era un convencido liberal. Había sido gobernador del Estado de México y se llamaba Mariano Riva Palacio; bajo su mandato se instituyeron becas para que los alumnos más pobres del estado, y que fueran extremadamente talentosos, pudieran moverse a la ciudad de Toluca para estudiar en el Instituto Literario.
Vicente Riva Palacio, afamado poeta, dramaturgo y periodista, era uno de los generales republicanos que también había tomado parte en el sitio de Querétaro.
Al equipo de la defensa del emperador caído se sumaba uno de los abogados más notables de su tiempo: Rafael Martínez de la Torre, que había estudiado en el Colegio de San Idelfonso. Para cuando fue convocado a la ciudad de Querétaro, ya tenía fama de hábil litigante. El tercer abogado se llamaba Eulalio María Ortega del Villar y se había formado en el Seminario Conciliar de México. Era liberar como sus compañeros y tenía fama de políglota, hablaba inglés, francés, italiano, alemán, latín griego y hebreo.
Mientras el equipo de defensores sorteaba las dificultades para salir de la Ciudad de México, derivadas del gobierno provisional de Porfirio Díaz, que había tomado finalmente la Ciudad de México, Maximiliano buscó a un acreditado abogado queretano, que se hiciera cargo de los primeros pasos de la defensa. Se trataba de Jesús María Vázquez, que logró establecer buenas relaciones con Mariano Escobedo y con el fiscal de la causa, el teniente coronel Manuel Azpíroz. El abogado Vázquez se había formado en el Colegio de Altos Estudios de San Francisco Xavier, en Querétaro. Tenía fama de competente litigante, y él fue quien asumió en los primeros días del proceso, la defensa del archiduque. Al poco tiempo tuvo fricciones con el general Mariano Escobedo, quien lo encarceló. No obstante, Vázquez continuó trabajando en la defensa de muchos de los oficiales imperialistas que habían caído prisioneros, y, por cierto, consiguió el indulto para muchos de ellos.
Anímicamente, la presencia y el trabajo de Vázquez le hicieron bien a Maximiliano. Los testimonios de Samuel Basch, el médico del emperador, dan cuenta de cómo el emperador olvidaba sus malestares cuando se sentaba a discutir con el abogado. Para esas alturas, la disentería tenía postrado a Maximiliano, de modo tal que el intercambio de ideas con Vázquez lo animaba a grado tal que podía estar levantado “la mayor parte del día”.
El abogado Vázquez asesoró cuidadosamente a Maximiliano para enfrentar el primer interrogatorio del fiscal Azpíroz, quien llegó acompañado de un escribano a la celda del archiduque, y le solicitó sus datos generales. El emperador le respondió que respondería a todo con franqueza, pero que, estimaba, tenía derecho a solicitar se le presentara la acusación por escrito. Además, pedía un plazo de tres días para estudiar el documento y elegir un abogado que le defendiese. Azpíroz se incomodó seriamente cuando el archiduque, bien aleccionado, insistió en que no podría responder a nada si antes no tenía la documentación solicitada y abogado elegido. Peor aún, el emperador caído le explicó al fiscal que, a su juicio, el consejo de guerra que se había formado para juzgarlo, carecía de competencia para ello, porque se trataba de un tribunal militar y todos los cargos que le habían leído eran de orden político.
Maximiliano quedó muy satisfecho de esa primera escaramuza con el fiscal.
“He seguido el camino que el abogado [Vázquez] me indica… yo también soy un poco abogado; tendrán que sostener conmigo una reñida lucha; yo no me rindo tan fácilmente”.
En los días que siguieron, Maximiliano continuó negándose a responder los cargos de tipo político. Originalmente, los cargos eran 11 y a partir de la tenaz resistencia del archiduque a prestar declaración, le fincaron otros dos: negar la competencia del Consejo de Guerra, y haberse comportado de manera contumaz y rebelde por haberse negado a responder las preguntas del fiscal.
En realidad, los conocimientos jurídicos de Maximiliano no llegaban a entender las causas profundas de su proceso. Cuando por fin leyó el acta de acusación, simplemente la calificó de “ridícula y enconada”. El médico Basch anotaría en su diario que la acusación estaba redactada “de manera rencorosa”.
Max fue aún más lejos: exigió que en el proceso, se refirieran a él como “Ex Emperador”, título con el que, con la prisa y por error, había sido anotado en la lista de prisioneros. En respuesta, Mariano Escobedo mandó rehacer la lista. En la nueva versión decía: “Fernando Maximiliano José de Habsburgo, austriaco”.
EL FISCAL EN QUERÉTARO
Manuel Azpíroz era un joven abogado de 31 años, formado en Puebla y que desde 1862 se había unido a la resistencia republicana. Si del lado de la defensa del emperador había buenos y serios abogados, del lado de la fiscalía estaba un jurista que además había recibido su bautizo de fuego en el campo de batalla: era subteniente en los días de la batalla del 5 de mayo
EL AUSENTE MAXIMILIANO
Al llegar los defensores de la Ciudad de México, ocurrió un extraño cambio en la actitud de Maximiliano: se desentendió por completo de su defensa. Se concentró en sus males físicos, y sólo porque le insistieron mucho accedió a hacer con los juristas un análisis de la estrategia de defensa.
Se dividieron el trabajo: Riva Palacio y Martínez de la Torre marcharon a San Luis Potosí, donde trabajarían cerca del gobierno de Juárez; Ortega y Vázquez se quedaron a litigar con el Consejo de Guerra.
A pesar de que los abogados trabajaron con ahínco, la suerte estaba echada.
Años después, contarían su versión del proceso Vicente Riva Palacio y Manuel Payno en “El Libro Rojo”.
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