La dirigencia estatal de Morena en Jalisco, acompañada por legisladores locales y federales, defendió la aprobación de la Ley General de Aguas Nacionales, presentada como el nuevo marco rector en materia hídrica en el país.
Durante una conferencia encabezada por la presidenta del Comité Estatal, Erika Pérez García, se afirmó que la normativa busca frenar prácticas de acaparamiento y garantizar el acceso público al recurso.
“Esta ley pone final al acaparamiento del agua y garantiza que el líquido vital vuelva a ser un bien público y un derecho del pueblo”, afirmó Pérez García.
La diputada federal Claudia García señaló que ahora corresponderá a los congresos estatales adecuar sus constituciones y leyes locales para armonizar los principios establecidos en la nueva legislación.
Explicó que entre las obligaciones se incluye tutelar el derecho humano al agua y al saneamiento, así como establecer mecanismos para un uso equitativo y sustentable del recurso.
La legisladora criticó que la discusión pública se centró en “una serie de mentiras de la oposición”, entre ellas, la afirmación de que la reforma despojaría a campesinos de sus derechos.
García insistió en que los ejidatarios, comuneros y pequeños productores conservan la propiedad tanto de la tierra como de los títulos asociados al uso del agua.
“El dueño legítimo de una propiedad, el ejidatario, comunero o sociedad, puede heredar o puede transmitir sus derechos, el agua y la tierra”, afirmó.
Añadió que los ajustes al artículo 22 se realizaron para dar “mayor claridad y certeza” a productores rurales y que la figura del fondo de reserva no implica quitar agua a particulares. También rechazó que la reasignación de volúmenes tenga efectos expropiatorios: “La reasignación… es una figura administrativa. No es un instrumento de castigo ni menos de control político”.
Asimismo, afirmó que las reformas no son retroactivas y que los procesos en curso se resolverán conforme a la legislación vigente al momento de su inicio.
Por su parte, el senador Carlos Lomelí respaldó la legislación y sostuvo que el uso del agua no debe estar sujeto a intereses privados.
“Significa justicia hídrica para campesinos, productores, comunidades y millones de familias… evitar abusos y asegurar que los recursos hídricos beneficien a la población y no a grupos privilegiados”, señaló.
Lomelí también se refirió a la ratificación de Ernestina Godoy como Fiscal de la República, decisión que, dijo, fortalece a la institución y envía un mensaje de que la justicia “no es objeto de negociación política”.
Finalmente, destacó el incremento de 13 por ciento al salario mínimo para 2026, que quedará en 315.04 pesos diarios, y en 440.87 pesos para la frontera norte, medida que beneficiará a más de 8.5 millones de trabajadores según datos del Gobierno federal.