El Grupo Parlamentario Hagamos manifestó su rechazo al incremento en la tarifa del transporte público autorizado por el Gobierno de Jalisco, al señalar que la decisión se tomó durante el periodo vacacional de fin de año, cuando disminuye el escrutinio ciudadano, y sin atender de fondo los problemas estructurales del sistema.
De acuerdo con la bancada, la Secretaría de Transporte impulsó el ajuste a través del Comité Técnico Tarifario del Transporte, bajo el argumento de que la tarifa no se había actualizado en años, sin considerar, sostienen, el incumplimiento de los transportistas y la baja calidad del servicio que recibe la población usuaria. En ese sentido, acusaron que la medida favorece de manera directa a los empresarios del sector.
Hagamos señaló que, aunque el Gobierno estatal justificó el aumento con base en una fórmula prevista en la legislación vigente, el costo del pasaje se fijó en 14 pesos, lo que representa un incremento del 47.3 por ciento proyectado hacia 2030, con la intención de aplicarlo de manera retroactiva a partir de abril de 2026.
Posteriormente, indicaron, el Gobernador anunció mediante un video pregrabado un subsidio de tres pesos por viaje, con lo que la tarifa quedaría en 11 pesos para las personas usuarias que cuenten con la tarjeta otorgada por el Gobierno del Estado. Para el grupo parlamentario, este esquema termina por convertirse en un subsidio a los transportistas.
Entre los argumentos de su rechazo, Hagamos expuso que el ajuste no modifica el modelo actual del transporte público ni plantea mejoras en la integración del sistema o en la calidad del servicio.
Además, advirtió que el impacto económico recaerá en la población, particularmente en estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores, pese a la promesa de que no habrá nuevos incrementos en cinco años.
La bancada también cuestionó que el subsidio comprometa recursos públicos durante un lustro sin haber sido consultado ni aprobado por el Congreso del Estado, instancia responsable de avalar el presupuesto.
Alertan que la falta de soluciones estructurales podría orillar a más personas a recurrir a motocicletas o vehículos particulares, agravando la crisis de movilidad.
Finalmente, el Grupo Parlamentario Hagamos sostuvo que no es viable acompañar un aumento tarifario sin un plan integral de transformación del transporte colectivo urbano, con compromisos verificables y obligaciones claras para los concesionarios.
Reiteró su exigencia de un sistema de transporte público integrado, eficiente, accesible y seguro, y expresó su rechazo a una medida que, afirmaron, representa un doble impacto al bolsillo ciudadano.