En Estados Unidos existe un término que suena sacado de una película, pero que se utiliza con bastante seriedad en temas de seguridad nacional, las famosas llamadas “Sleeper Cells”, o “Células Durmientes”. Se refiere a personas o grupos que llevan una vida aparentemente normal, trabajan, estudian, forman familias y pasan desapercibidos durante años, hasta que, bajo ciertas condiciones, se “activan” para participar en actos ilícitos, generalmente relacionados con terrorismo.
El concepto genera inquietud porque plantea una pregunta incómoda: ¿cómo detectar riesgos cuando no hay señales visibles? Sin embargo, en el contexto estadounidense, hablar de Sleeper Cells no significa acusar sin pruebas, sino analizar escenarios de prevención desde los órganos de inteligencia del Estado. No se trata de castigar intenciones, sino de entender dinámicas de riesgo antes de que se materialicen en daños reales.
Ahora bien, cuando este término comienza a circular en redes sociales o medios digitales, surge una duda natural: ¿existen las Sleeper Cells en México?
La respuesta corta es clara: en México no existe tal cual la figura jurídica de “células durmientes” en el contexto legal ni social... aún. Aquí es importante hacer una pausa, porque nuestro sistema jurídico parte de un principio fundamental: nadie puede ser investigado, perseguido o sancionado por “parecer sospechoso” o por llevar una vida normal. En México, la ley no castiga intenciones, ideas ni suposiciones, solo sanciona conductas concretas, probadas y tipificadas como delitos.
Sin embargo, eso no significa que la realidad que describe el concepto sea totalmente ajena a nuestro país. Lo que sucede es que en México se analiza desde otro lenguaje y con límites mucho más claros. Aquí se habla, por ejemplo, de redes de apoyo, colaboradores indirectos o estructuras logísticas dentro de organizaciones ilícitas, pero siempre bajo un estándar legal muy específico porque debe de existir una acción comprobable.
En el contexto mexicano, esta lógica se entiende mejor si pensamos en fenómenos que ya conocemos. Por ejemplo, los llamados grupos de choque que suelen aparecer en manifestaciones o eventos públicos, son personas que llevan una vida completamente ordinaria, que no se identifican abiertamente como parte de una organización, pero que, ante una instrucción específica, se activan para cumplir una función determinada. No se trata de criminalizar la protesta ni de generalizar, sino de reconocer que existen dinámicas donde lo “invisible” se vuelve operativo solo en determinados momentos, y siempre bajo la dirección de alguien más.
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Dicho en palabras sencillas, en México una persona no comete ningún delito por vivir una vida normal ni por pasar por desapercibida; el problema surge únicamente cuando esa persona realiza actos concretos que la ley ya considera ilícitos. Y esa diferencia no es menor, porque marca la línea entre un Estado preventivo y un Estado que podría caer en excesos.
Por eso, implementar el término Sleeper Cells sin contexto puede ser peligroso; no porque el análisis preventivo sea malo, sino que porque puede alimentar narrativas de miedo, sospecha generalizada o criminalización de personas que no han hecho nada. Y ahí es donde el Derecho tiene una tarea clave: equilibrar seguridad y libertades.
La gran lección de este debate no es preguntarnos si “hay células durmientes” entre nosotros (porque probablemente sí las hay), sino cómo fortalecer instituciones que investiguen con inteligencia, actúen con pruebas y respeten derechos. La seguridad no se construye persiguiendo fantasmas, sino atendiendo hechos reales con herramientas legales claras.
Desde Derecho en Perspectiva, el verdadero reto no es vivir con miedo a lo invisible, sino preguntarnos algo mucho más profundo: ¿cómo protegernos como sociedad sin convertir la desconfianza en la nueva normalidad?
@KaarinaCano