El senador de la República, Carlos Lomelí Bolaños, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, a suspender la aplicación del incremento a las tarifas del transporte público, previsto para entrar en vigor el 1 de abril de 2026.
En el documento, el legislador señala que el ajuste tarifario a 14 pesos, tiene un impacto directo en la economía de la población, especialmente en los hogares de menores ingresos y en sectores en situación de vulnerabilidad. Sostiene que el transporte público es un servicio esencial para el ejercicio de derechos como el trabajo, la educación, la salud y la inclusión social.
“El transporte público constituye un servicio esencial para el ejercicio cotidiano de múltiples derechos humanos, entre ellos el derecho a la movilidad”, expone el senador en el punto de acuerdo.
Lomelí advierte que el esquema de subsidio anunciado por el gobierno estatal no elimina el impacto del aumento, ya que el costo directo para las personas usuarias será de 11 pesos por pasaje y el beneficio estará condicionado al uso de una nueva tarjeta electrónica, lo que excluye a quienes pagan en efectivo o enfrentan barreras tecnológicas.
“El monto autorizado como tarifa base impacta a quienes no acceden, no pueden acceder o no utilizan dicho mecanismo, ya sea por razones económicas, tecnológicas o administrativas”, se lee en el documento.
El senador también cuestiona que el incremento se haya aprobado sin una evaluación social integral que considere los efectos en la población, y subraya que el gasto en transporte público representa el segundo rubro más importante del gasto de los hogares, solo después de la alimentación.
Asimismo, advierte que un aumento acumulado en la tarifa puede traducirse en restricciones para acudir a centros de trabajo, escuelas o servicios de salud, particularmente para personas con discapacidad y adultas mayores.
En el punto de acuerdo, el senador plantea que la suspensión del incremento permitiría abrir un proceso de revisión integral y participativa que armonice la sostenibilidad financiera del sistema de transporte con la protección efectiva del derecho humano a la movilidad.
“La suspensión del incremento no implica desconocer las necesidades de sostenibilidad financiera del sistema de transporte, sino propiciar un espacio de análisis, diálogo y revisión”, señala el texto.