
En tanto el Congreso del Estado no expide las leyes secundarias en materia de transparencia y protección de datos personales, la contralora estatal, Teresa Brito Serrano, emitió un acuerdo en el que delega a la Dirección de Área Técnica y de Situación Patrimonial de la propia Contraloría a recibir y resolver los recursos de revisión que interponga cualquier ciudadano por la negativa en la entrega de información pública.
El acuerdo firmado por Brito Serrano se publicó el martes 20 de enero en el periódico oficial El Estado de Jalisco.
Desde el 30 de noviembre pasado, se extinguió el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI), por lo que, desde entonces, no hay una instancia que atienda los recursos de impugnación de los ciudadanos en contra de las unidades de transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo y de los 125 ayuntamientos del estado.
La contralora estatal también delegó a la Dirección del Área de Responsabilidades y de lo Contencioso, a que conteste los juicios de amparo y demás medios de defensa que se promuevan en contra de actos, omisiones o resoluciones en materia de transparencia, atribuibles a la Contraloría.
El Congreso local incumplió los plazos para aprobar las leyes secundarias en materia de transparencia, ante la desaparición del ITEI, por lo que estos ordenamientos debieron crearse desde el 14 de enero pasado.