Luego de un proceso judicial, el pasado 4 de febrero de 2026 fue declarada culpable Yaneth Miroslava “N” por el delito de desaparición cometida por particulares agravada, por hechos ocurridos en septiembre de 2020 en el municipio de Zapopan, donde desaparecieron Kenia, Karla, mujeres trans, y Jaime Adrián Ramírez. La sentencia impuesta fue de 100 años de prisión.
Ante este fallo, organizaciones de la sociedad civil que han acompañado el caso desde sus inicios emitieron un pronunciamiento en el que calificaron la resolución como un hecho relevante en un contexto nacional marcado por la impunidad, particularmente en casos que involucran a personas trans. No obstante, subrayaron que la sentencia no representa una conclusión del caso mientras se desconozca el paradero de las víctimas.
De acuerdo con lo señalado en el pronunciamiento, pese a que existe una persona sentenciada y otro implicado detenido, a más de cinco años de los hechos no se tiene información sobre el paradero de Kenia, Karla y Jaime. En este periodo, las madres de las personas desaparecidas han encabezado labores de búsqueda de manera constante, incluso en condiciones de riesgo, sin resultados positivos.
Las organizaciones señalaron que este caso evidencia la violencia estructural que enfrentan las personas trans en Jalisco y en el país, donde la desaparición se vincula con factores como la transfobia, la precarización y la falta de acceso efectivo a la justicia. Advirtieron que esta población enfrenta mayores riesgos de violencia y, al mismo tiempo, mayores obstáculos para acceder a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
En el documento, las agrupaciones exigieron a autoridades estatales y federales intensificar las acciones de búsqueda, garantizar la continuidad de la investigación hasta esclarecer plenamente los hechos, reconocer el componente de violencia por identidad de género, así como brindar acompañamiento integral, protección y reparación a las familias de las víctimas.
Pidieron que la sentencia se mantenga firme, aun cuando la defensa haga uso de los recursos legales disponibles, y que el proceso no derive en impunidad ni en revictimización.
Las organizaciones recalcaron que la resolución judicial no debe considerarse el cierre del caso y sostuvieron que la justicia para las personas trans también implica encontrarlas, nombrarlas y generar condiciones para que estos hechos no se repitan.
Finalmente, hicieron un llamado a los medios de comunicación para dar seguimiento al caso, informar con respeto a la identidad de las víctimas y evitar la normalización de la desaparición de personas trans en México.