
La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado aprobó el dictamen de decreto que garantiza el derecho de la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic, a la administración directa de sus recursos económicos.
Esta resolución da cumplimiento formal a la resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), asegurando que la comunidad tenga el control total de su presupuesto, permitiéndoles decidir con plena autonomía las inversiones necesarias para su bienestar y desarrollo social.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Gabriela Cárdenas, enfatizó que esta medida no es solo un trámite administrativo, sino un acto de justicia y respeto al principio de progresividad de los derechos humanos y planteó que se hagan reformas para que los derechos de las etnias queden establecidos, sin necesidad de recurrir a los tribunales.
“Este año se hizo un nuevo cálculo (del gasto), no quedaron conformes, promovieron un juicio y estamos haciendo un cálculo actualizado. ¿Qué tendría que suceder desde mi punto de vista?, tendríamos que hacer esta reforma, actualizar la reforma constitucional, para que los pueblos originarios por ley -como les corresponde- puedan tener su presupuesto y no tengan que estar promoviendo juicios para recibir un presupuesto”, dijo.
El tema debe ser votado aún en sesión del pleno del Congreso. La legisladora Gabriela Cárdenas, precisó que se reconoce el derecho de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán a recibir de manera justa loc recursos públicos que les correspondan de parte del Ayuntamiento de Mezquitic.
La legisladora Gabriela Cárdenas aclaró que, si bien este dictamen atiende un caso concreto derivado de una resolución jurisdiccional firme, sienta un precedente vital sobre cómo las instituciones deben acatar y promover los derechos establecidos en el artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Este acto, añadió, representa un paso en el reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas.