Otra vez Cuba. Otra vez el mismo libreto, con actores que cambian de nombre pero no de método, y un desenlace conocido: apretar hasta asfixiar y luego fingir sorpresa cuando el paciente no camina. A finales de enero de 2026, Donald Trump decidió subir el volumen del castigo. Desde Washington, firmó un decreto que amenaza con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a La Habana y declaró, sin matices, que Cuba representa una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional de Estados Unidos.
La frase no es nueva. El tono, sí: más duro, más estridente. Y el contexto, mucho más cruel.
Porque Cuba no atraviesa un mal momento cualquiera. Lleva años sumida en una crisis profunda y corrosiva que se filtra por cada rendija de la vida cotidiana. Falta combustible para mover el país; la electricidad se va con una regularidad que ya no indigna, solo agota; la economía se ha encogido hasta volverse una camisa imposible; la migración funciona como válvula de escape masiva. En ese escenario, anunciar castigos a quien venda petróleo a la isla no es un gesto técnico ni simbólico: es una sentencia.
¿Amenaza excepcional? ¿A quién, exactamente? ¿A qué flota, a qué arsenal, a qué capacidad ofensiva? Cuba, con apagones de ocho horas y hospitales sin insumos, no encaja en el papel de villano de una película de espías. Pero la política estadounidense hacia la isla rara vez ha sido amiga de la lógica. Ha sido, más bien, una mezcla de obsesión histórica, revancha y cálculo electoral.
El decreto no solo apunta a La Habana. Envía un mensaje claro a terceros: comerciar con Cuba tiene costo. Es extraterritorialidad disfrazada de defensa nacional. No importa si el país es aliado o neutral, pequeño o grande; la advertencia queda hecha. El cerco se aprieta por fuera porque por dentro ya queda poco más que apretar.
El impacto inmediato es la preocupación, que en Cuba se vive como una sombra permanente. Combustible y electricidad no son lujos: son la base mínima para que una sociedad funcione. Sin energía no hay transporte, ni industria, ni alimentos refrigerados, ni servicios básicos. Castigar el acceso al petróleo en un país que ya camina con muletas es empujarlo hacia el precipicio.
Desde Estados Unidos se insiste en que las sanciones buscan presionar al gobierno cubano para que cambie. El problema es que, en la práctica, quienes pagan la cuenta son los de siempre: la gente común. El mecánico que no puede trabajar porque no hay luz; la enfermera que llega a su turno en bicicleta; el anciano que pasa la noche en vela esperando que regrese el ventilador. La historia lo ha demostrado una y otra vez: el bloqueo —porque así se vive, más allá del nombre oficial— no democratiza ni moderniza. Empobrece.
Hay además una paradoja incómoda. Washington etiqueta a Cuba como “amenaza excepcional” mientras ignora peligros reales y comprobables a su seguridad, dentro y fuera de sus fronteras. La etiqueta sirve para justificar medidas duras, para mantener viva una narrativa que rinde frutos políticos en ciertos estados clave, para alimentar la idea de un enemigo persistente que nunca termina de caer. Es una política congelada en el tiempo, incapaz de leer el presente.
El endurecimiento de 2026 llega cuando América Latina atraviesa reacomodos delicados. Países que no simpatizan con el modelo cubano tampoco ven con buenos ojos la imposición de castigos a terceros por comerciar. El decreto tensará relaciones, obligará a decisiones incómodas y reforzará la percepción de que Estados Unidos sigue prefiriendo el garrote al diálogo.
En Cuba, mientras tanto, la noticia se traduce en horas sin luz y colas más largas. No hay épica posible cuando el refrigerador está vacío. El discurso de resistencia puede sostenerse un tiempo, pero la vida diaria no se alimenta de consignas. Cada restricción energética empuja a más personas a irse, a más familias a separarse, a más jóvenes a perder la fe en cualquier futuro dentro de la isla.
Quienes defienden el decreto dirán que el problema es el sistema cubano, su ineficiencia y cerrazón. Algo de verdad hay en ello. Cuba necesita reformas profundas y urgentes. Pero castigar el combustible no acelera las reformas: las hace más difíciles. No abre espacios; los clausura.
Lo más preocupante es la normalización del daño. El anuncio se consume como una nota más en el flujo informativo global y pronto se olvida. En la isla, en cambio, sus efectos se sienten cada día. El silencio internacional termina siendo cómplice.
Estados Unidos tiene derecho a definir su política exterior. Lo que no tiene es la obligación de repetir errores probados. Medio siglo de sanciones no logró el objetivo declarado. Insistir ahora, en un momento de fragilidad extrema, no parece una estrategia: parece una vendetta.
Cuba no es una amenaza excepcional. Es un país exhausto. Y tratar el agotamiento como si fuera un ataque solo garantiza más sufrimiento y menos soluciones.