La legisladora de Jalisco Yussara Elizabeth Canales González presentó una estrategia legislativa integral que tiene el objetivo de garantizar la dignidad post mortem y facilitar la localización de familiares de personas fallecidas identificadas que permanecen sin ser reclamadas.
Actualmente, la acumulación de restos humanos a nivel nacional en instituciones forenses supera los 72 mil casos, en específico el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses resguarda cuerpos plenamente identificados cuyos familiares no han sido localizados, muchos de ellos originarios de otras entidades federativas.
“Detrás de cada cuerpo hay una madre, un padre, una familia que sigue buscando. El Estado no puede quedarse de brazos cruzados cuando tiene información suficiente para ayudar a localizarlos”, afirmó la legisladora.
La primera propuesta busca establecer como obligación expresa que, cuando el Instituto cuente con datos suficientes como nombre, CURP, entidad y municipio de nacimiento, realice gestiones formales ante:
• Las Direcciones del Registro Civil de la entidad correspondiente.
• Las Fiscalías o Procuradurías donde se presuma exista denuncia por desaparición.
Esto con el objetivo de facilitar la localización de padres, tutores o familiares y propiciar la entrega digna de los restos humanos.
La reforma no implica creación de nuevas estructuras ni aumento presupuestal; establece una responsabilidad clara de coordinación institucional.
También hizo un llamado formal a los congresos locales del país para que emprendan las acciones legislativas necesarias e incorporen en sus respectivas leyes la misma obligación de búsqueda activa y coordinación entre servicios médicos forenses, registros civiles y fiscalías estatales.
Se busca que la responsabilidad institucional no dependa de esfuerzos aislados, sino que quede establecida como mandato legal en todo el país.
El Estado tiene la obligación de garantizar un trato respetuoso a los restos humanos y de actuar con debida diligencia.
“Una sepultura digna no es un trámite administrativo. Es el derecho de una familia a cerrar un ciclo de incertidumbre. Es humanidad, es verdad y es justicia”, subrayó Canales González.