En el Área Metropolitana de Guadalajara se registran casos de acoso inmobiliario.
La diputada de Futuro, Mariana Casillas, presidenta de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua, abrió un espacio para dialogar con activistas, especialistas y personas afectadas quienes hicieron visibles las afectacines que han sufrido al estar al lado de la edificación de torres de departamentos.
El acoso inmobiliario es un conjunto de conductas destinadas a forzar la desocupación o deteriorar las condiciones de habitabilidad —como negligencia en mantenimiento, interrupción de servicios, amenazas o presión legal—, cuyos efectos trascienden el ámbito entre particulares y generan impactos en la salud, la estabilidad económica y la vida comunitaria.
Ana Guadalupe Sarabia perdió su casa y negocios en 2018, debido a daños estructurales causados por la constructora Grupo Aravel, en la colonia Lafayette. Ella ganó un juicio, pero amparos han frenado la reparación del daño.
“Sí quiero que varias personas a las que yo invite hoy, también planteen esta villanía tan grande que hay de tantas inmobiliarias que en un momento determinado tienen todo el poder y todo el control, ¿por qué? porque tienen la capacidad económica que nosotros no tenemos y que no podemos recurrir a eso para poder defendernos. Yo lo que sí quiero es que existan otros medios más fáciles para nosotros, porque somos violentados y arrojados de nuestras casas”, relató.
Vera Contreras expuso su caso. Ella vive en la calle Bogota, en la colonia Providencia y en esa zona hay 15 torres en construcción. Las obras contiguas le han dañado su vivienda.
“Ellos con su ‘mano de chango’ (maquinaria) arrancaron los techos de los baños y de mi recamara. Entonces, yo decía ‘no es posible, no es posible’. Fue tan estruendoso el ruido, que yo perdí mi oído. Yo quedé sorda del oído y el otro quedó arruinado. Yo no me extraña nada de lo que le está pasando a la señora Lupita, porque yo estoy viviendo lo mismo, todos los días. Es un acoso”, subrayó.
La diputada Mariana Casillas compartió notas y avances de la iniciativa que presentó para incorporar herramientas civiles inmediatas frente a estas prácticas, mediante una reforma al Código Civil del Estado de Jalisco. La propuesta plantea reforzar la obligación de garantizar el uso o goce pacífico del bien arrendado y definir supuestos de acoso como: obras o intervenciones sin consentimiento que afecten el inmueble, negarse a realizar reparaciones necesarias, modificar cerraduras o impedir el acceso, negarse a recibir la renta o entregar comprobantes, y visitas injustificadas que alteren la tranquilidad; además, prevé la aplicación de multas.