Una trabajadora del Congreso, quien laboraba como personal eventual en la Comisión de Vigilancia denunció ser víctima de hostigamiento sexual y laboral por parte del titular de la Unidad de Vigilancia de esa misma Comisión.
En lugar de que la titular de la Contraloría interna de la Legislatura, Stephanie Sifuentes, le otorgara medidas de protección, la Secretaría General que preside Eduardo Martínez Lomelí, optó por no renovarle el contrato y al no laborar ella formalmente en ese sitio, ya no tuvo las medidas cautelares del Congreso, denunció el diputado del Partido Verde, Alberto Alfaro García, quien es el presidente de la Comisión de Vigilancia-
Los hechos ocurrieron en febrero siendo la víctima, trabajadora del Poder Legislativo. Pero a los 15 días, el secretario general decidió no renovarle su contrato, dijo Alfaro, en rueda de prensa realizada en el Congreso.
“El día de ayer, me informan por escrito, en mi calidad de diputado presidente de la Comisión de Vigilancia, que la Contraloría no emitirá medidas de protección a la víctima de hostigamiento, porque no se le renovó el contrato a la servidora pública. Esto es alarmante, ante un tema tan delicado, se nos informa que por un tema administrativo y no de renovación de contrato a la víctima, le fueron negadas las medidas de protección que por ley le corresponden”, dijo.
La legisladora del Partido Verde, Brenda Carrera, expresó su preocupación de que una mujer que denuncia un caso de hostigamiento sexual y laboral, se le deje fuera del empleo y al supuesto agresor se la mantenga en su trabajo, lo que puso en una situación de indefensión a la trabajadora.
“Este tipo de decisiones envían un mensaje profundamente preocupante, que denunciar puede significar perder el trabajo. Por ello, desde estos micrófonos advertimos un posible contubernio institucional entre la Secretaría General del Congreso y la Contraloría, que en lugar de garantizar protección a la denunciante terminaron generando las condiciones para que el caso quedara sin medidas de protección”, precisó.
La mujer que hizo la denuncia ante la Contraloría interna, ya acudió a la Fiscalía Estatal, a presentar acusación por hostigamiento sexual y laboral.
Los legisladores no presentaron detalles de la denuncia por protección de la víctima.